Bilbao - La Diputación explicó ayer que el contrato de alquiler del campo de San Mamés incluye no solo el canon del arrendamiento, 500.000 euros, sino también derechos de uso del recinto a cada una de las entidades participantes en la sociedad San Mames Barria (Gobierno vasco, Diputación de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y BBK, además del Athletic). En el caso de la institución foral, el diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, cifró estos derechos en 1,5 millones de euros.
Podemos pidió explicaciones a la Diputación sobre el contrato de alquiler del campo de fútbol, considerando que esos 500.000 euros anuales están “muy por debajo del precio del mercado”, y mostró su temor de que, al terminar el contrato en 50 años, “el Athletic se quede con el campo a coste cero”. “La Diputación está para defender los intereses de la ciudadanía y no de un club privado”, criticó su apoderada, Asun Merinero.
El responsable de Hacienda respondió que el pago que el Athletic hace por el uso del campo de fútbol incluye no solo los 500.000 euros de canon -revisable en 10 años, y a partir de ese momento cada cinco-, sino también una serie de derechos para cada uno de los socios de San Mames Barria. En el caso de la Diputación, tiene derecho a dos usos anuales del estadio para realizar eventos, a diez plazas de aparcamiento por encuentro, a aparecer como patrocinador principal de dos partidos, a dos usos anuales de la Sala VIP y a colocar un punto de i información turística en el Museo de Athletic, entre otros. “El precio total del alquiler del campo es el del canon anual dinerario, más el valor económico de los espacios cedidos a cada uno de los socios de San Mames Barria”, incidió Iruarrizaga, que cuantificó en 1,5 millones ese valor económico solo en el caso de la institución foral. Además, advirtió que si el Athletic quisiera adquirir el campo y los terrenos, el precio a pagar por ellos debería ser negociado -“si no hay acuerdo, no hay opción de compra”- y estará ligado a su valor neto, no a su valor contable.
Por otra parte, el diputado foral matizó que el informe fiscalizador que está llevando a cabo el TVCP es sobre “toda” la sociedad, no solo del contrato de arrendamiento, y consideró que, si José Luis Bilbao tiene que inhibirse en este caso para cumplir la ley, lo hará. - A. Atxutegi