Dinero europeo y estado de derecho, el falso dilema

La amenaza de la Canciller tiene nombres propios en las personas de los mandatarios y Gobiernos de Hungría y Polonia. Ambos Estados miembro están incursos en un expediente abierto por la Comisión Europea por incumplimiento del artículo 7 del Tratado de la UE por reiteradas violaciones de los derechos y principios fundamentales de la Unión Europea. Budapest y Varsovia interpretan este movimiento como una treta de los frugales, contrarios a la puesta en marcha del fondo, para crear división entre los 27 y bloquear la llegada de fondos a las capitales europeas. La realidad es que en la Cumbre de julio los impulsores de esta medida fueron Francia, Holanda y Finlandia, que pidieron un mecanismo automático de los valores europeos. Algo que se descafeinó en una resolución ambigua interpretada por Orbán como un éxito, y que ahora deberá concretarse con el voto de reforzado de al menos 15 Estados miembro que representen el 65% de la población de la UE.

De no alcanzarse un acuerdo quedaría en serio riesgo la aplicación de los plazos previstos del plan de Reconstrucción. De octubre a abril, la Comisión Europea debe recibir los planes de los Gobiernos, así como los proyectos en los que se pretende emplear los fondos y, desde enero de 2021, está previsto que el dinero corra en grandes cantidades durante los siguiente dos años y medio. Esa es en gran medida la virtualidad del Next Generation, servir de motor inversor público para recuperar la actividad a la vez que se produce la transición hacia un nuevo modelo socioeconómico más sostenible en Europa. Si se reduce la velocidad o se traban los primeros pasos, su efectividad puede verse muy mermada teniendo en cuenta la terrible caída del PIB que se ha producido en casi toda la zona euro. La situación de emergencia choca con la lógica de no conceder ayudas a aquellos Gobiernos que incumplen aspectos tan trascendentales del Tratado de Lisboa como la libertad o la democracia.

La división no solo se va a producir en el seno del Consejo, es decir, entre los países, sino que se va a trasladar a las otras instituciones de la UE. La Comisión Europea a la vista de la propuesta de la presidencia alemana debe ponerse de acuerdo con el Parlamento Europeo que por la configuración actual de mayorías, con casi total seguridad querrá poner mecanismos claros y contundentes para frenar a los gobiernos autoritarios y populistas. No podemos olvidar que cualquier medida en este sentido deberá ser aprobada por la Eurocámara. Y finalmente, en el Consejo la bronca está servida y el resultado final de la votación no se vislumbra nada claro. Los frugales y Francia exigirán de nuevo firmeza, mientras que Orbán y sus amigos polacos contarán seguramente con el apoyo del grupo de Visegrado, que integra a Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa. Así las cosas, la patata caliente la tendrán los Estados más beneficiados por el plan de Reconstrucción: Italia y España, esto es, lo más urgidos para que se pongan en marcha las ayudas. Un momento crítico para medir el listón ético de sus gobiernos y saber si están dispuestos a mirar hacia otro lado ante los desmanes de la ultraderecha europea allá donde gobierna, a cambio de un saco de monedas€ eso sí muy cuantioso.