Bilbao - El procedimiento judicial para investigar la causa del desmoronamiento de una parte del vertedero de Zaldibar comenzó. Un juzgado de Durango se encargará de buscar la verdad de lo ocurrido. En esta primera fase de apertura de diligencias previas, las acusaciones contra la firma Verter Recycling 2002 serán por un presunto delito ambiental y otro laboral. Además, la empresa propietaria fue emplazada por el Gobierno vasco a que en una semana presente un plan de choque para afrontar este episodio que se llevó por delante la vida de dos trabajadores de la escombrera.
Y mientras estos plazos corren, las labores para intentar localizar y rescatar los cuerpos de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán permanecen suspendidas a la espera de que los técnicos garanticen la estabilidad del más de medio millón de toneladas de tierras y residuos industriales desplomados como consecuencia del derrumbe -entre ellos materiales con amianto- y autoricen la reanudación de estas tareas en la zona cero. Para lo que sí se mantienen los plazos es para construir el muro de seis metros de altura que se extenderá a lo largo de cincuenta metros en el margen de la calzada de la autopista, en sentido Donostia, con el objetivo de mejorar la seguridad de este tramo de carretera de peaje afectado desde el pasado jueves por el desprendimiento.
Así las cosas y hasta que los hechos sean aclarados, las críticas, los reproches y las amonestaciones sobre lo ocurrido no llegan en exclusiva desde las familias de los dos trabajadores del vertedero sepultados. El propio Josu Erkoreka, en representación del Gobierno vasco, subrayó ayer que la respuesta de Verter Recycling 2002 es "francamente mejorable", tanto en el ámbito de la inspección laboral, en el que está actuando de forma "absolutamente insatisfactoria", como en el de la inspección ambiental. De hecho, la Administración vasca está considerando seriamente personarse en el procedimiento judicial iniciado contra la citada empresa, al ser "parte interesada" en el mismo.
"Improrrogable" Fue precisamente el portavoz del Ejecutivo vasco quien confirmó la apertura de diligencias previas y, al mismo tiempo, anunció el comienzo de ese otro canal alternativo para buscar una respuesta a lo acaecido y sobrevenido en ese vertedero. El Departamento de Medio Ambiente ordenó ayer a Verter Recycling 2002 a que remita "en el plazo improrrogable de siete días", el avance de un plan de actuación "para afrontar" el trágico suceso.
También se requiere a la empresa para que "con carácter inmediato" remita "toda la información histórica de que disponga sobre la estabilidad del vaso de vertido" de la instalación, así como la documentación del Plan de Vigilancia Ambiental de 2019, que en una situación normal debía entregar antes del 31 de marzo, así como cualquier otra documentación de interés en relación al incidente. "Si la empresa no opera de buen grado en el cumplimiento de estas exigencias legales se le instaría a una ejecución forzosa con los mecanismos y multas coercitivas correspondientes que están previstas en la ley", advirtió Erkoreka.
En última instancia, si la empresa no acometiera ese requerimiento, la Administración vasca procedería a la ejecución subsidiaria; es decir, asumiría la realización de esas labores repercutiendo luego a la empresa el coste correspondiente a esos trabajos. Erkoreka insistió durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en que la respuesta de la empresa ante esta catástrofe "está siendo manifiestamente mejorable en todos los ámbitos", tanto en el de la inspección laboral como la ambiental. "Es absolutamente insatisfactoria", describió.
Judicial y administrativa Estos pasos dados por la vía judicial y la administrativa confían en ser decisivos para evidenciar lo ocurrido en el vertedero donde, al parecer, los propios trabajadores habrían dado la voz de alarma varios días antes del derrumbe por la aparición de grietas inusuales y peligrosas en la ladera que finalmente, el pasado jueves por la tarde, se desmoronó sobre un tramo de la AP-8, sepultando a dos trabajadores del vertedero. Será precisamente el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Durango -partido judicial al que pertenece Zaldibar- que se encontraba de guardia ese día el encargado de asumir este caso, tal y como confirmaron fuentes jurídicas.
El portavoz del Ejecutivo lamentó que la empresa no haya aportado al Gobierno vasco información que "necesariamente" debería poner en manos del Departamento correspondiente con respecto a la situación presente y el historial del vertedero. Tanto vecinos como empleados del mismo confirman que entraban muchos camiones cada día. Erkoreka también habló del requerimiento que, en aplicación de la legislación ambiental, trasladó el Gobierno vasco a la compañía, en el que le reclama ese plan de actuación. En ese informe, Verter Recycling 2000 deberá identificar los daños provocados por el derrumbe y, además, deberá proyectar cómo recomponer el vertedero a la situación previa al corrimiento de materiales, algunos de ellos tóxicos. Además, se insta a la empresa a concretar el alcance del derrumbe de residuos, algunos de ellos altamente tóxicos, como el amianto.
La preocupación de los vecinos de Zaldibar y de las cercanas Ermua y Eibar por la posible contaminación de sus aguas y aire como consecuencia del derrumbe se ha hecho patente con varias concentraciones en sus respectivos municipios desde que se produjo el colapso del vertedero. En este sentido, el Departamento de Salud aseguró ayer que los vecinos de estos municipios pueden beber agua del grifo "con total seguridad" y que no han detectado presencia de amianto en el aire. No obstante, la Administración vasca reforzará los controles de la calidad del aire, con dos muestreos al día. Los análisis en el agua potable y el aire realizados en el entorno de Zaldibar confirmaron que tampoco existen riegos para la salud asociados al corrimiento de tierras en la ladera.
