Los juzgados vascos se descongestionan al resolver más casos de los que reciben

La Justicia vasca logró en 2025 aliviar parcialmente la carga de trabajo de los tribunales gracias a la combinación de una caída de los asuntos ingresados y un aumento de los procedimientos resueltos. Así lo recoge la Memoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que constata una mejora en los índices de pendencia y congestión del sistema judicial.

Durante el pasado ejercicio ingresaron en los juzgados vascos 246.529 asuntos, un 10,4% menos que en 2024. El descenso se produjo en todos los órdenes jurisdiccionales salvo el Penal y estuvo marcado por la fuerte caída de litigios en el ámbito Civil, donde se registraron 30.941 asuntos menos, un 23,3% de reducción.

La Memoria señala que todavía es “pronto” para determinar si este descenso responde a un cambio estructural o si está relacionado con la implantación de los nuevos medios adecuados de resolución de controversias previstos en la Ley Orgánica 1/2025.

Más resoluciones que ingresos

El informe destaca además que los tribunales resolvieron un 5,8% más de asuntos que el año anterior. La tasa de resolución pasó de 0,88 en 2024 a 1,04 en 2025, lo que significa que se resolvieron más procedimientos de los que ingresaron.

Como consecuencia, también mejoraron los principales indicadores del sistema judicial. La tasa de pendencia bajó de 0,68 a 0,62 y la de congestión descendió de 1,68 a 1,60. Según el TSJPV, cuanto menores son estos índices, mejor es la situación de los órganos judiciales.

Aumentan los tiempos de espera

Pese a la descongestión parcial, la Memoria advierte de un “progresivo deterioro” en los plazos de resolución, especialmente en el orden Civil. La duración media de los procedimientos en primera instancia pasó de 7,9 a 9,6 meses en el conjunto de Euskadi y, en el ámbito Civil, alcanzó los 12,7 meses.

El documento también insiste en que el déficit de jueces sigue siendo “el punto frágil” del sistema judicial vasco. Euskadi cuenta con 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 17 de media en la Unión Europea, una situación que mantiene la sobrecarga en varios juzgados y tribunales de la comunidad.