El Gobierno español, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes un protocolo destinado a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito.
La Iglesia asumirá las reparaciones
El protocolo desarrolla el acuerdo suscrito el pasado 8 de enero y establece que será la Iglesia la responsable de hacerse cargo de las reparaciones a las víctimas. Por su parte, el Defensor del Pueblo revisará cada caso y fijará las cuantías de las indemnizaciones correspondientes.
¿Cómo funcionará el proceso?
Con este mecanismo, la víctima iniciará el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución elaborará una propuesta de resolución y, si procede, determinará la reparación que puede ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica, atendiendo a las solicitudes de la víctima.
La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, aunque la decisión final corresponderá al Defensor del Pueblo. El acuerdo ha sido rubricado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello; el presidente de Confer, Jesús Díaz Sariego; y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
Sin "baremos"
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha indicado que han excluido expresamente del acuerdo la referencia "baremos". "No se trata de establecer cantidades ni horquillas sino una propuesta re reparación integral", ha explicado.
Por su parte, el ministro de Presidencial Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha precisado que no se han incluido estos baremos "porque cada caso se va a estudiar en detalle" por los expertos Defensor del pueblo y del Plan PRIVA de la Iglesia.
En cualquier caso, ha matizado que el convenio sí establece los criterios como la gravedad del daño o la reiteración. "La reparación justa no debe estar determinada por una cifra ni mínima ni máxima", ha remarcado. Además, ha puntualizado que "la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo" y la Iglesia deberá abonar la cantidad que se decida. En este sentido, también ha indicado que las víctimas que acudieron al PRIVA podrán ir al Defensor del Pueblo para que revise su caso y decida si la indemnización que recibieron "ha de ser mejorada, complementada, superada".
