Admitida la querella de la familia de Sandra Peña contra el colegio tras su suicidio

La querella que interpuso el pasado viernes la familia de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó en octubre en Sevilla, ha sido admitida por el juzgado, según ha informado este miércoles el tío y portavoz de la familia, Isaac Villar.

La querella se presentó contra el colegio las Irlandesas de Loreto, así como contra algunos responsables y docentes del centro que estaban relacionados con Peña, por no haber actuado conforme al protocolo en el acoso que sufría la menor en el centro, que le habría llevado a quitarse la vida.

La familia se ha reunido este miércoles con la Consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, en la sede de la Consejería en la capital andaluz. La Consejería tiene abierta en estos momentos un investigación por la vía administrativa parada a expensas de lo que se resuelva por la vía judicial.

Reunión con la Junta

"Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y tomarán todas las medidas acorde a los hechos que se demuestren" ha afirmado el portavoz de la familia, que ha añadido que se sienten "muy arropados por la Junta".

Villar ha aprovechado el encuentro con los medios para agradecer "el cariño que están recibiendo de la sociedad" y ha asegurado que la única manera de corresponder es "seguir con esta lucha".

Ha señalado que los padres continúan muy afectados por lo sucedido y que recordar constantemente los hechos no es fácil ni ayuda a superar la pérdida, pero considera necesario seguir adelante. El portavoz de la familia ha subrayado que mantener esta lucha es clave para impulsar cambios y evitar que tragedias similares se repitan.

Sandra Peña

El pasado 14 de octubre, nada más salir del centro educativo, la menor decidió quitarse la vida arrojándose desde la azotea de su casa, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Policía Nacional y de la Consejería de Desarrollo Educativo. Esta administración decidió trasladar a la Fiscalía la información recabada en el colegio privado concertado al detectar que no se habrían activado debidamente ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas y abrió un expediente administrativo para depurar posibles responsabilidades ante esa supuesta falta de actuación.