La reventa de entradas: ¿un derecho del comprador o mera especulación?

El pasado martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, desveló los principales detalles del anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. Se trata de un amplio paquete legislativo en el que se abordan cuestiones muy diversas, como la lucha contra la obsolescencia programada en los electrodomésticos; la prohibición de la publicidad de vuelos cortos, combustibles fósiles y vehículos propulsados exclusivamente por ellos; y el veto al ecopostureo o greenwashing. También se contemplan medidas para la regulación de la reventa de entradas para espectáculos, como la prohibición del aumento de precio por encima del IPC desde el momento de la compra inicial en los billetes que salen por segunda vez al mercado. La iniciativa ha generado la reacción de empresas especializadas del sector y de asociaciones de defensa del consumidor que, aunque con matices, ven con buenos ojos la pretensión del Gobierno español de regular este tipo de transacciones.

El objetivo de la normativa en trámite no es, en ningún caso, el de la ilegalización de la reventa en sí, sino el de acabar con ciertos abusos que se cometen en esta actividad. En el punto de mira está la utilización por parte de las plataformas digitales especializadas de los conocidos como bots, programas informáticos diseñados para comprar de forma masiva entradas para eventos culturales y deportivos de máxima demanda y ponerlas a la venta de nuevo a precios más elevados en otros sitios web. Es esta una práctica prohibida actualmente por la legislación estatal, que incorporó esta restricción como transposición de una directiva europea el respecto.

Pero, como reconoció el propio ministro Bustinduy en su comparecencia, “no está funcionando la aplicación de esa legislación”. El problema radica, a su juicio, en “los grandes incentivos económicos que genera esta reventa” de entradas captadas de forma masiva a través de bots y puestas a precios “desorbitados” de nuevo en el mercado. “Es una práctica abusiva, especulativa, que no aporta ningún valor a la industria cultural, pero que sí hace que se establezcan barreras de clase para el acceso y el disfrute de la cultura”, denunciaba Bustinduy, que con esta medida busca “atacar los incentivos económicos que hay actualmente en la reventa para poder acabar con la misma” además de “bloquear” y “sancionar” a las web que se salten la norma .

La intención gubernamental de regular esta práctica ha sido valorada “positivamente” incluso por compañías del sector, como Rebel Tickets. “Apoyamos plenamente la intención del Gobierno”, asegura su fundador, Asier Bengoa, quien, acto seguido, matiza este respaldo. “Pero advertimos claramente: una ley incompleta no eliminará la reventa, sino que la empujará a la clandestinidad, perjudicando gravemente al consumidor. Protejamos al fan y aseguremos un intercambio justo y transparente”, añade el CEO de esta empresa de reventa segura de entradas radicada en Bilbao. 

A juicio de Bengoa, en el caso de que la nueva normativa se centre solo en establecer límites a las plataformas especializadas y seguras, la reventa se trasladará “inevitablemente” a canales “abiertos, desprotegidos y difíciles de controlar”, en referencia a las redes sociales, foros online o plataformas de anuncios. “Estos espacios ya concentran actualmente el 90% de las estafas relacionadas con la reventa: entradas falsas, pagos anticipados mediante Bizum sin garantía alguna y viejas prácticas como la de ‘vendo boli Bic y regalo entrada’, que podrían regresar con fuerza si no actuamos con responsabilidad”, profundizó. 

Por ello, para evitar la “práctica abusiva” a la que se refería el ministro Bustinduy, Bengoa aboga por “perseguir” a todas las plataformas que fomenten la reventa especulativa no sujeta a controles o seguimientos y “apoyar” a los espacios especializados de reventa segura que hacen las cosas de forma correcta. “Desde Rebel Tickets defendemos la limitación razonable del precio de reventa, vinculada claramente a la inflación (IPC), que impida la especulación y el arbitraje económico por parte de brokers profesionales. Además, insistimos en que la transferencia de entradas debería reconocerse como un derecho básico del consumidor, dado que muchas entradas carecen de política de reembolso”, concluyó Bengoa.

La acogida a esta iniciativa gubernamental también es buena por parte de las asociaciones de consumidores. Así, FACUA-Consumidores en Acción la celebraba, pues considera que “la medida pondrá fin a un resquicio legal por el que la reventa de entradas con fines lucrativos se ha convertido en un gran negocio a través de internet”. Al mismo tiempo, advertía de la necesidad de que “las autoridades de protección de los consumidores del Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos vigilen su cumplimiento para provocar el cierre de webs y la aplicación sanciones contundentes a quienes se la salten”.

Puertas al campo

Pese a ver con buenos ojos este cambio normativo, no se mostraba tan entusiasta respecto a su posible efectividad el delegado en Euskadi de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Kepa Loizaga. “La idea es buena, pero es como intentar ponerle puertas al campo”, asegura, convencido de que “todo el mundo va a buscar cómo salvar informáticamente todo esto”. 

Loizaga duda de que el IPC sea el indicador adecuado para limitar un incremento en el coste de cada ticket: “Y el año que el IPC sea negativo, ¿la entrada revendida me va a salir más barata que la adquirida directamente? ¿Y el coste de revender tiene que ser el del IPC? La empresa que se dedica a esto quiere ganar algo de dinero”. También teme que las plataformas especializadas podrían recurrir a triquiñuelas legales para obtener unos beneficios más jugosos: “Esa entrada vendida originalmente a 75 euros yo la revendo a 80 con el IPC incluido pero, como son libres, cargo otros 80 en concepto de gastos de gestión”.

Bruce Springsteen

El delegado de la OCU aboga por “controlar desde el inicio” el proceso, a fin de que “no sea tan fácil” ejecutar esos trasvases masivos de entradas. Y, en ese sentido, tiene claro que “las primeras que deben controlar esa especulación son las empresas que promueven ese espectáculo”. Loizaga lo explica de una forma muy gráfica: “Yo soy Bruce Springsteen y me entero de que estoy cobrando 100 euros por una entrada, mientras la gente está pagando 200 o 300 a algunas empresas de reventa que ganan más que yo solo por eso. Las promotoras deberían poner algo de su parte para limitarlo”. Porque el problema no está en la reventa entre particulares, que “ha existido, existe y existirá”, a la que “no le protege la legislación de consumo” y además es un porcentaje pequeño del negocio, sino en “cómo consiguen estas empresas especializadas miles de entradas” para revenderlas.