El 52,6% de las inspecciones llevadas a cabo por el Departamento vasco de Economía y Empleo para comprobar el empadronamiento de las personas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) acaban con la extinción de estas ayudas tras detectar incumplimientos de la normativa.
En concreto, desde el año 2023 el departamento ha ejecutado 2.397 visitas a los domicilios para comprobar la residencia de los receptores de estas ayudas, 1.958 en Bizkaia, 228 en Araba y 212 en Gipuzkoa.
Más del 50%
En 1.289 casos, el 52,6% del total, se detectaron irregularidades, por lo que se retiraron estas ayudas a sus titulares. El 84% de las extinciones de estas prestaciones se produjeron en Bizkaia, el 8,1% en Gipuzkoa y el 7,5% en Araba.
Del total de expedientes de cobro suspendidos, la mayoría (708) corresponden a ciudadanos nacionales y 581 a personas con nacionalidad extranjera. Estos datos se recogen en una respuesta del consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, a la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez.
Para recibir la RGI con carácter general los solicitantes deben llevar tres años empadronados en Euskadi. La PCV es una ayuda complementaria para el alquiler de vivienda que sólo pueden cobrar los perceptores de la RGI. Tras una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha anulado el artículo de la normativa que regula cómo demostrar la residencia en un domicilio en el caso de las personas solicitantes de la RGI, actualmente solo es necesario mostrar el padrón para acreditarlo.
