El pasado 27 de mayo, el Tribunal Supremo decretó la sentencia que anulaba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Como consecuencia inmediata, el Gobierno de Cantabria demolerá 122 de las 254 viviendas señaladas en Argoños al entender que "ya no tienen solución" para legalizarlas, mientras que el resto tienen muchas posibilidades de terminar de la misma manera.
Con esta resolución, al fin se atisba un horizonte para un conflicto que se ha alargado por más de 27 años, desde que estas viviendas comenzaron a construirse en 1997. Ya en 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) paralizó el derribo de 86 de estas viviendas, al estimar el incidente de inejecución de sentencias presentado por el Gobierno regional cántabro, teniendo en cuenta que que ambas promociones tenían, por aquel entonces, cabida legal en el planeamiento urbanístico vigente antes de que el Supremo resolviera contra la anulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).
El origen de este conflicto se remonta a los años noventa, cuando se autorizaron desarrollos urbanísticos en suelos que, posteriormente, serían declarados no aptos por razones ambientales. Fue la Asociación para la Defensa de los Recursos de la Naturaleza de Cantabria (ARCA), la ONG que llevó a los tribunales la situación irregular de estas viviendas.
Las sentencias de derribo comenzaron a llegar a principios de los 2000 y desde entonces, la inseguridad jurídica ha sido la norma para cientos de familias. El PORN aprobado en 2018 suponía un respiro, una vía legal para sostener las licencias otorgadas, pero ahora ha sido tumbado definitivamente.
Las malas prácticas de edificación que han llevado a este desenlace son variadas. Algunos chalés estaban construidos con menos distancia de la permitida entre ellos, otros se situaban demasiado cerca del entorno de las marismas de Santoña, o edificados sobre suelo no urbanizable de protección forestal.
Por su parte, una urbanización se encuentra incrustada en una de las colinas que rodean el pueblo, mientras que otras vulneran la Ley del Suelo de 1992 al estar construidas sobre superficie rústica. Incluso algunas de estas viviendas fueron autorizadas cuando rebasaban el territorio del municipio. En total, suman la friolera de 255 sentencias de derribo en una localidad de apenas 1.800 habitantes.
