Juan Luis Urrutia es un jubilado natural de Santurtzi que compró su segunda residencia en el municipio cántabro de Argoños en el año 2000, cuando todavía no se conocían las irregularidades en la construcción por las que el Tribunal Supremo ha dictado esta misma semana el derribo de 122 de las 254 viviendas afectadas.
Aunque su casa no se encuentra entre aquellas cuya desaparición es inamovible, Urrutia espera que el destino de su hogar sea el mismo, ya que la licencia de obras es la misma para toda la urbanización. El siguiente paso en este interminable recorrido que les ha llevado a los afectados hasta este punto es informar al Gobierno de Cantabria por cuál de las dos salidas propuestas se decantan: la indemnización o la vivienda de sustitución, en el mismo municipio y con unas características similares. Urrutia lo tiene claro y seguirá formando parte de Argoños.
"Se estima que las nuevas obras durarán seis años como poco. Yo tengo 77, por lo que cuando tenga las llaves rondaré los 83, por lo que no la podré disfrutar demasiado tiempo. Mis hijas que hagan luego con ella lo que quieran, pero al menos tendrán una casa de nueva construcción", explica.
Asociación de Maltratados por la Administración
Además de ser uno de los afectados, Urrutia es el secretario de la Asociación de Maltratados por la Administración, una plataforma que surgió en 2004 para amparar los derechos de los residentes en las diferentes urbanizaciones con chalés abocados al derribo.
"Cuando compramos la casa no podíamos imaginar nada de esto. En algo menos de un año nos notificaron que había una sentencia contra la urbanización tras la denuncia de ARCA, un grupo ecologista", indica. Sin embargo, el promotor de la urbanización, que era bilbaino, tampoco recibió ninguna indicación adversa por parte del Ayuntamiento ni del Gobierno de Cantabria, en el que por aquel entonces ocupaba el puesto de Consejero de Urbanismo el expresidente Miguel Ángel Revilla.
Urrutia asegura que uno de los mayores dramas en estos 27 años de lucha es que 280 vecinos de las urbanizaciones afectadas han perdido la vida sin llegar a ver regularizada la situación de sus chalés. "Es muy triste que compres una casa para disfrutarla en verano, o incluso como primera residencia, y luego te enteres que hay una sentencia en firme para derribarla", afirma.
Esta situación no se da solo en este municipio cántabro, en otras localidades como Arnuero o Escalante también están sufriendo situaciones similares desde hace 30 años. "En estos pueblos ya están finalizando las viviendas de sustitución y se van a entregar en breve, llevan más años que nosotros", señala Urrutia.
60 millones de euros de presupuesto
Luis Lazcano, otro vizcaino que disfruta de los meses de verano en Argoños, también ha visto cómo sus últimos 25 años de vida han estado marcados por este proceso judicial interminable. "Compramos la casa en 2002 de segunda mano. Escuchamos rumores de que podría haber problemas y nos dirigimos al Ayuntamiento, donde nos aseguraron que todo estaba en orden", apunta.
Las viviendas de esta urbanización estaban en riesgo debido a que ocupaban terrenos pertenecientes a la localidad de Noja, aunque desde el Consistorio les aseguraron que todo estaba arreglado. "No sé la cuantía de la indemnización ni la quiero saber. Nos hicieron una valoración en su momento y era muy baja, por lo que nos decantamos por la vivienda de sustitución", señala.
Según este vecino, lo complicado de este tema sería que en el futuro se volviera a construir en el mismo lugar, pese a que se estima que el coste por el derribo de todas los chalés afectados ronde los 60 millones de euros. "Nosotros también lo pagamos ya que contribuimos aquí, es un despropósito", concluye.
