Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha agravado la situación de 254 viviendas en el municipio cántabro de Argoños, muchas de ellas propiedad de vizcainos, que ya habían sido condenadas a demolición por incumplir la normativa urbanística, a pesar de contar en su momento con todos los permisos legales. El fallo judicial se pronuncia en contra del Gobierno de Cantabria en un litigio relacionado con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del entorno protegido de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Con esta resolución, se descarta el intento del anterior Ejecutivo cántabro por regularizar parte de estas construcciones. No obstante, el actual Gobierno autonómico no da el asunto por cerrado. El consejero de Fomento, Roberto Media, señaló en una rueda de prensa celebrada este martes junto al alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, y al presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, que la sentencia no deja margen positivo para los vecinos, pero subrayó que “las sentencias hay que cumplirlas”.
Por otro lado, afirmó que la demolición de las viviendas será una “prioridad absoluta” del Ejecutivo cántabro, aunque todavía no se ha calculado el coste de los derribos.
El consejero se comprometió a hacer todo lo posible para que esta legislatura sea la última en la que se gestione este problema. En relación con las 120 viviendas cuya demolición ya es inminente, aseguró que el proceso estará en marcha “sin lugar a duda” antes de finalizar el mandato. En cuanto se adquieran los terrenos necesarios, comenzará la redacción de los proyectos y, seguidamente, se licitarán las obras.
El Ayuntamiento busca acelerar los trámites
El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, calificó la anulación del PORN como un “varapalo” que no beneficia a ninguna de las partes. Aun así, aseguró que el Ayuntamiento ya está negociando la compra de tres parcelas adecuadas para construir nuevas viviendas y confía en cerrar los acuerdos en el plazo de una semana, para iniciar cuanto antes los trámites que pongan fin a “25 años de lucha y burocracia”.
Tanto el consejero y el alcalde como el presidente de la AMA animaron a los afectados a optar por las viviendas de sustitución y quedarse en sus municipios, aunque entienden que "la decisión es suya" y que algunos necesiten el dinero de la indemnización.
Antonio Vilela, presidente de AMA, reclamó al Gobierno cántabro la aplicación inmediata de los convenios con los afectados. Subrayó la urgencia de ofrecer opciones claras —ya sea una indemnización económica o una vivienda de sustitución— a los 254 propietarios afectados, con el objetivo de “poner fin al sufrimiento de tantas familias inocentes que se han visto atrapadas en esta situación durante años”.
Vilela lamentó que no se hayan dado pasos más decididos en el pasado, lo que habría permitido tener el problema más encauzado a estas alturas. También solicitó una reunión entre el Gobierno y todas las urbanizaciones afectadas. En respuesta, Media confirmó que mantendrán encuentros individualizados con cada colectivo.
Mientras el Ejecutivo regional aún confía en la viabilidad del PGOU de Argoños, desde AMA consideran que “lo más probable es que también decaiga”, lo que limitaría aún más las posibilidades de legalización.
