El Gobierno vasco explorará la posibilidad de establecer medidas restrictivas para las viviendas de uso turístico en las zonas que se hayan declarado como tensionadas en Euskadi.

Así lo anunció ayer el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, que respondió en el Parlamento Vasco a una interpelación presentada por EH Bildu sobre las medidas para abordar el impacto de las viviendas de uso turístico en la comunidad autónoma.

Hurtado explicó que la legislación vasca y el futuro reglamento europeo serán dos opciones legales para el control de estas viviendas, pero que el futuro Plan Territorial Sectorial (PTS) de Recursos Turísticos puede ser “un instrumento más de control” de estas viviendas, siempre desde el respeto a la autonomía municipal.

Detalló además que el Gobierno vasco sigue colaborando con algunas plataformas de alquiler para la eliminación de anuncios de viviendas turísticas ilegales en Euskadi y que tras la aprobación del reglamento europeo sancionará a aquellas que incumplan la normativa. “No hemos esperado a que el fenómeno de las viviendas turísticas sea una noticia para actuar; llevamos ocho años trabajando de forma proactiva para gestionar su impacto”, destacó.

El consejero contextualizó la situación en Euskadi, donde las viviendas de uso turístico representan el 0,5% del parque total de viviendas, un porcentaje inferior al 1,5% de la media estatal. Entre las iniciativas ya adoptadas, destacó la Ley de Turismo de 2016, que incluyó la regulación de las viviendas de uso turístico, y el posterior decreto que define los requisitos para esta actividad.

Supervisión y control

Desde entonces, el departamento ha desarrollado campañas informativas, reforzado los equipos de inspección, se ha coordinado con otras administraciones y ha establecido protocolos con los ayuntamientos para la supervisión y control de estas viviendas. En 2023, por ejemplo, se realizaron más de 1.100 inspecciones y se abrieron más de 370 procedimientos sancionadores. El consejero mencionó el problema de las viviendas clandestinas y señaló que la colaboración con plataformas digitales es “clave” para abordarlo.

Sin embargo, hasta ahora, las sanciones impuestas a las plataformas que incumplen la normativa han sido revocadas por los tribunales, aunque esta situación podría cambiar con la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Alquileres de Corta Duración, que establecerá una ventanilla única para coordinar a las plataformas digitales y fortalecer el control de las viviendas ilegales. “Hemos sido reconocidos como una de las comunidades más proactivas en este ámbito y ahora estamos retomando los contactos con las plataformas para avanzar en la colaboración, aunque su respuesta sigue siendo desigual”, señaló.