El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha destinado más de 3,6 millones de euros en 2023 a la iniciativa Hitzartuz, dirigida a atender a familias y personas en situación de extrema vulnerabilidad. Este año el proyecto se mantiene, aunque pierde el nombre de Hitzartuz, y cuenta con una partida inicial de 2,1 millones de euros, ampliable hasta los 5,7 millones. Esta iniciativa se puso en marcha en enero de 2023 para “ofrecer una cobertura urgente a las necesidades básicas de las personas y familias que no alcanzan con los medios disponibles la cobertura de sus necesidades básicas para comprar alimentos y productos de higiene básicos, así como facilitar el pago de las facturas de luz, agua y gas a familias que quedan fuera del sistema”.
El Departamento de Nerea Melgosa informa que en 2023 destinó 3,6 millones euros a cubrir los gastos necesarios para paliar las necesidades esenciales de las familias vulnerables a través de este programa. Del gasto ejecutado, 800.000 euros fueron destinados a paliar situaciones de pobreza energética y 2,8 millones euros a las ayudas de alimentación. Asimismo, detalla que un total de 1.967 familias pudieron hacer frente a su situación de pobreza energética –1.025 en Bizkaia, 487 en Gipuzkoa y 455 en Araba–, gracias a este programa que facilita el pago de las facturas de luz, agua y gas a familias vulnerables que quedan fuera del sistema, las que no reciben Ayudas de Emergencia Social (AES).
Respecto a las ayudas en alimentación, 5.207 familias o personas recibieron los bonos de alimentación o de acceso a productos de higiene personal el pasado año (2.030 en Bizkaia, 1.939 en Gipuzkoa y 1.238 en Araba).
Las ayudas han sido gestionadas por Cruz Roja en Euskadi, quien se ha encargado de coordinar las solicitudes, valoraciones y tramitaciones, además de detectar otras necesidades a las que dar respuesta mediante derivación, orientación y coordinación con los recursos más adecuados.
El Gobierno vasco tiene previstas tres partidas para hacer frente a la pobreza material y a la pobreza energética aprobadas ya en los presupuestos. Por un lado, una partida de 2,1 millones de euros en forma de nominativa destinada ya a Cruz Roja Euskadi para hacer frente a este tipo de pobreza, es decir, para continuar el trabajo que ya se viene haciendo.
RGI, vivienda e IMV
Por otro lado, el consejo del Gobierno vasco autorizó ayer martes la disposición de gasto de 641 millones para este año 2024 para garantizar los ingresos de las personas que tienen derecho a percibir la Renta de Garantía de Ingresos, la Prestación Complementaria de Vivienda y el Ingreso Mínimo Vital. Estas tres ayudas son el conjunto de las prestaciones que tramita Lanbide como ventanilla única. En el caso de la Renta de Garantía de Ingresos, la cuantía prevista para este año asciende a 382 millones de euros. En lo que respecta a la Prestación Complementaria de Vivienda, la previsión total es de 79 millones de euros, y en cuanto al Ingreso Mínimo Vital, serán 180 millones.
Puesto que el pago de este conjunto de prestaciones es mensual, se autoriza el importe de todo el año para garantizar que el Servicio Público de Empleo-Lanbide, disponga ya de los recursos económicos destinados a su financiación.
