La Conferencia Episcopal reiteró ayer lunes su dolor por los abusos sexuales cometidos en la Iglesia y que ha investigado el Defensor del Pueblo en su informe, pero aseguró que la extrapolación de los datos obtenidos en la encuesta “no corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos”.

En un comunicado, los obispos expresaron su sorpresa por las cifras que se han extrapolado del informe del Defensor, que recoge una encuesta en la que el 1,13 % de la población mayor de edad revela que ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote.

“Duelen los abusos cometidos en la Iglesia. Sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino”, subrayaron.

La CEE convocó ayer lunes una Asamblea Plenaria extraordinaria centrada en analizar el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de esta institución, un trabajo muy crítico con la Iglesia, a la que acusa de negar y minimizar durante décadas el problema y le insta a apoyar a las víctimas y a participar activamente en la creación de un fondo de reparación.

Los obispos manifestaron su dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y reiteraron su petición de perdón a las víctimas.

Asimismo, manifestaron su deseo de trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos.

En este sentido, la CEE se unió a la petición del Defensor del Pueblo que instaba al Estado a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones, “para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad”.

Los obispos valoraron el informe del Defensor del Pueblo y, de manera especial, el testimonio de las víctimas y calificaron de “valiosas” las recomendaciones de la institución que dirige Ángel Gabilondo.

No obstante, los obispos advirtieron de que el problema de los abusos a menores tiene una dimensión “mayoritariamente extraeclesial” y recordaron que no tener esto en cuenta “supone no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo”.

Además, avisaron de que poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia, discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda. “La Iglesia católica en España lleva años trabajando en poner fin a esta lacra y va a seguir trabajando en la misma línea, incorporando a su esfuerzo diario estas recomendaciones”, subrayaron.

Y añadieron que la Iglesia quiere contribuir a erradicar los abusos sexuales en la infancia, no solo en la Iglesia sino en toda la sociedad y poner al servicio de la misma “su triste experiencia para hacerlo, con espíritu de colaboración”. En relación a la auditoría encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, los obispos escucharon la solicitud y la motivación para la ampliación del plazo de su auditoría, que presentó el presidente del despacho, Javier Cremades, y decidieron posponer a la próxima Asamblea de noviembre la decisión sobre la encomienda realizada a este despacho.

Las cifras del informe

440.000 casos. Una encuesta demoscópica a más de 8.000 personas estima que el 1,13% de la población, más de 440.000 personas, ha sufrido abusos en entornos religiosos en el Estado. Desglosando las cifras de la encuesta, un 11,7% de la población en el Estado afirma haber sufrido abusos sexuales siendo menor de edad y un 1,13% asegura que esos abusos se produjeron en un ámbito religioso.

‘Ocultamiento’. El Defensor del Pueblo denunció que a lo largo de la investigación había predominado “cierta voluntad de ocultamiento, con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Conductas como el traslado de abusadores a otras parroquias o centros docentes son un ejemplo de malas prácticas”.

Indemnizaciones. El informe recomienda crear un fondo estatal para poder pagar las indemnizaciones a las víctimas de abusos de la Iglesia española.