Pacto de Estado contra la violencia machista: 67% de medidas cumplidas y 32% en proceso o sin ejecutar

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha hecho pública hoy la primera evaluación de cumplimiento del Pacto, que se aprobó con una vigencia de cinco años (2017-2022) y cuyo compromiso político fue renovado en las Cortes en 2021.

Balance del Pacto

El Ministerio de Igualdad ha informado de que 190 medidas ya se han cumplido (65,5%), 85 están en proceso (se han dado pasos para su consecución, pero no se han culminado), 9 continúan pendientes y otras 6 no han sido objeto de la evaluación realizada al no ser competencia de la Administración General del Estado.

Fuentes de Igualdad han destacado que la pasada legislatura fue "prolífica en el avance de cumplimiento del Pacto" y que están "contentas con el porcentaje tan alto de medidas que se han cumplido", pues en 2019 había 75 medidas cumplidas y 51 pendientes y ahora, 190 cumplidas y 9 pendientes. "Hay más dinero invertido, más medidas y más mujeres atendidas", han precisado.

Entre las medidas culminadas, la ampliación del concepto de violencia contra las mujeres, ley de garantía integral de la libertad sexual, la suspensión las visitas de los padres maltratadores o la interrupción de las visitas a prisión de niños y niñas cuyos padres estén condenados por violencia de género.

Medidas pendientes

Frente a las 190 medidas conseguidas, en nueve no se ha dado ningún paso para su consecución: ocho son competencia del Ministerio de Justicia y la novena, de Sanidad y las comunidades autónomas.

Son relativas a cuestiones penales y procesales: Suprimir las atenuantes de confesión y de reparación del daño en los delitos de violencia de género, establecer criterios de referencia del riesgo para impedir que disminuyan las órdenes de protección o eliminar la exigencia de fianza en la personación de asociaciones de ámbito estatal en los procedimientos de violencia machista.

También establecer por ley el inicio inmediato de la ejecución de penas (prohibición de alejamiento y comunicación) en el momento en que se dicte una sentencia firme, obligar a que se informe a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de las denuncias ante el juzgado y de los partes de lesiones con el objetivo de que se incluyan en Viogén o imponer prohibición de alejamiento en caso de quebrantamiento.

Impedir que el padre maltratador pueda acceder a las grabaciones de los testimonios de los menores e incorporar temas específicos sobre género y violencia machista en los temarios de oposiciones al Sistema Nacional de Salud son las últimas medidas en las que no se ha registrado ningún avance.

En proceso

Seis años después de la aprobación del Pacto, hay 85 medidas que han iniciado su recorrido, pero no lo han culminado.

Destacan entre ellas la ley integral contra la trata, un plan estratégico de intervención con víctimas que retiran la denuncia, incrementar la atención a víctimas de zonas rurales, elaborar protocolos específicos para las mujeres más vulnerables o trabajar en la asistencia psicológica a agresores desde el momento de la denuncia para reducir el nivel de estrés y agresividad y reducir daños a la víctima.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido la hoja de ruta de la lucha contra las violencias machistas en el Estado.

Incluye medidas para la ruptura del silencio, la mejora de la asistencia y protección de las mujeres y víctimas, el perfeccionamiento de la respuesta institucional, la formación, la prevención, la dotación presupuestaria o el seguimiento estadístico del fenómeno.

La renovación de su dictamen para incorporar medidas relativas a la violencia digital, vicaria o económica debe acometerse en esta legislatura.

Este jueves, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, entrega el informe de evaluación del Pacto a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. La Cámara Baja será la encargada de acometer la actualización del dictamen para reeditar esta hoja de ruta.

Atribuye a Justicia ocho medidas incumplidas

Respecto de las que quedan pendientes, fuentes de Igualdad han atribuido a Justicia ocho de las nueve medidas que no se han cumplido y una a Salud.

Entre las que corresponderían a Justicia se encuentra la medida 106, que habla de suprimir el atenuante de confesión en los delitos de violencia de género --ya que, según fuentes de Igualdad, ha sido muy discutido por el feminismo que se haya aplicado este atenuante a algún agresor que más que confesar, parece que se jacta de lo que ha hecho--; y la medida 107, que consiste en suprimir la atenuante de reparación del daño en los casos de violencia de género.

Según fuentes de Igualdad, la explicación que les ha dado el Ministerio de Justicia para no haber cumplido estas dos medidas es que requiere de la reforma del Código Penal y que esta no se ha llevado a cabo.

Otra de las medidas pendientes es la 119 que se refiere a introducir en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal un listado no cerrado de criterios de referencia de la situación objeto de riesgo, para impedir que disminuyan las órdenes de protección. Según fuentes de Igualdad, es verdad que ha habido un anteproyecto de reforma de ley de enjuiciamiento criminal, pero esta medida no estaba incluida en el anteproyecto.

En el listado de las incumplidas, también se encuentra la medida 120 del pacto, que habla de eliminar la exigencia de fianza en la personación de las asociaciones de ámbito estatal en los procedimientos de violencia de género, concretándose las características de estas asociaciones a efectos de la eliminación de fianza.

Con la medida 126, también pendiente, se instaba a las autoridades a modificar el protocolo de actuación en materia de ejecución de penas, para que en el momento que se dicte sentencia condenatoria firme se inicie inmediatamente el cumplimiento de la pena de alejamiento, para "evitar los posibles periodos de desprotección, en los momentos en que las medidas cautelares ya no rigen porque hay sentencia firme, pero aún no se ha dado inicio a la ejecución de las penas de prohibición de acercamiento y comunicación del artículo 48 del Código Penal".

Por su parte, la 145 plantea remitir las denuncias por comparecencias ante el juzgado y los partes de lesiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes territorialmente para su anotación en VIOGEN; y la 151, habla de revisar la aplicación del artículo 40 de la ley de violencia de género, para contemplar la posibilidad de establecer, en los supuestos de quebrantamiento de condena, la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima.

Tampoco se ha cumplido la medida 206 que buscaba impedir que el padre maltratador pueda acceder a las grabaciones realizadas con motivo de la exploración judicial de los menores.

En cuanto a la medida pendiente que depende de Salud, fuentes de Igualdad han explicado que se trata de la medida 190, que habla de trabajar con las comunidades autónomas , en el Consejo Interterritorial de Salud, para "incorporar en los temarios de oposiciones al Sistema Nacional de Salud temas específicos sobre salud y género donde se incida especialmente en la detección precoz de la Violencia de Género".

Entre las medidas que no son competencia de la Administración General del Estado, destaca la medida 2, que se planteaba encomendar a la Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que es competencia del Congreso de los Diputados, aunque las mismas fuentes de Igualdad han precisado que tampoco se ha cumplido.   

Negacionismo

Preguntados por el aumento de los asesinatos machistas en los últimos meses a pesar de este cumplimiento de más de un 94% de las medidas del pacto, fuentes de Igualdad lo han atribuido al "negacionismo social e institucional" que "abona el silencio de las víctimas" así como del "agresor potencial". En todo caso, han insistido en que hay "más medios que nunca" y "más denuncias que nunca".

Desde Igualdad también ha destacado los pasos que se han ido dando en los últimos años más allá del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como el plan conjunto plurianual en materia de violencia contra las mujeres (2023-2027) que incorpora un catálogo de referencia con actuaciones que vincula a las comunidades autónomas.

En este sentido, han anunciado que desde Igualdad están trabajando en una aplicación informática para simplificar y mejorar la recogida de información de las CCAA que deben justificar en un plazo determinado en qué proyectos se han gastado los fondos recibidos.

Control de fondos

Además, el Ministerio de Igualdad está desarrollando un sistema informático de evaluación y seguimiento para que las comunidades autónomas rindan cuentas de cómo y en qué gastan los fondos recibidos del Estado para luchar contra las violencias machistas.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género trabaja en una aplicación para que las autonomías informen regularmente de las medidas adoptadas y los recursos disponibles y el grado de cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de lucha contra la violencia sobre las mujeres.

En la actualidad, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recoge esa información en formularios de Excel y eso se va a sustituir por un sistema común.

A través de diferentes indicadores, podrán dar cuenta de si han ejecutado las medidas a las que comprometen el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el catálogo de referencia de servicios mínimos acordado en la Conferencia Sectorial de Igualdad, así como la eficacia y eficiencia de las mismas.