Aunque el conflicto sigue sin resolverse, las 8.000 familias que necesitan del transporte escolar en la red pública pudieron ayer de nuevo dejar a sus hijos en las paradas habituales con total normalidad. Los habituales gestos de despedida se vieron acompañados en esta ocasión por expresiones de alivio y hasta de alegría al comprobar que efectivamente se desactivan los paros. Un auténtico quebradero de cabeza para las familias en el arranque de este curso.
El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, comparecerá hoy martes en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno vasco para informar de varios asuntos de su competencia, entre ellos el relacionado con el conflicto en el transporte escolar después del acercamiento que ha habido entre el Departamento y las asociaciones de empresas de este sector para garantizar el servicio mientras continúan las negociaciones.
En medio también continúa abierta la investigación de Competencia para determinar si, como sospecha el Gobierno vasco, se ha producido una concertación de precios entre las compañías que prestan el servicio. Finalmente, el compromiso del Ejecutivo de analizar la situación y “corregir” lo que fuera oportuno de cara al próximo año ha permitido que las aguas vuelvan a su cauce. O al menos ha rebajado las tensiones generadas por el choque entre las compañías y la consejería.
De hecho, el Departamento de Educación iniciará en breve el proceso de licitación de las rutas que han quedado desiertas y que serán cubiertas por los actuales adjudicatarios por el decreto que aprobó el Gobierno a principios de mes.
El objetivo es dotar al servicio de la “máxima estabilidad posible” de cara al curso 2024-2025. Será entonces cuando se sabrá si el conflicto entre Educación y las empresas de autobús adjudicatarias se resuelve finalmente.
Otra cosa es qué ocurre en los otros frentes abiertos: La apertura de un expediente sancionador por parte de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), el anuncio de una denuncia ante la fiscalía por un supuesto cartel que inflaba los precios del mercado o las consecuencias patrimoniales de la decisión de las empresas de desobedecer la orden de Educación que les obligaba a cubrir el servicio para que las familias no se vieran afectadas por el conflicto.
