El Gobierno vasco impugnará una nueva sentencia contra el euskera en las bolsas de secretario e interventores locales

La sentencia tiene su origen en un recurso del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Bizkaia contra la orden de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno. En concreto, el fallo firmado por la jueza Ana María Martínez Navas, anula seis preceptos de la orden relacionadas con la capacidad del Gobierno vasco para la conformación de las bolsas, la idoneidad del proceso selectivo y la exigencia de acreditación de perfiles lingüísticos.

POLÉMICA JUEZA

Ana María Martínez Navas tiene en su haber varias sentencias no exentas de polémica, como el fallo dictado en 2022 por el que ordenaba al Ayuntamiento de Laudio a readmitir a una interina que no tenía el PL3 de euskera exigido en su puesto por las “extraordinarias dificultades” que presenta el aprendizaje del euskera. En enero de 2018 amenazó a los editores de la publicación satírica El Mundo Today con emprender acciones legales por una noticia falsa publicada en su web en la que sostenían que El 90% de las ovejas en España se cría para fines sexuales. La jueza exigía la retirada del contenido al considerar la broma “un insulto grave a la labor de los pastores” y advirtió a sus autores que incurren en una “imputación general y gratuita del delito de bestialismo” sobre este colectivo. Y el 19 de febrero de 2019 DEIA titulaba así una noticia: La jueza que sacó la lanzadera de Etxebarri vive en la calle por la que se prohíbe su paso.

En declaraciones a los medios, la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha señalado que “en los últimos meses, asistimos a una muy preocupante escalada de resoluciones judiciales contrarias a la normalización del euskera que, además, laminan la competencia de autoorganización de las instituciones vascas y desgarran el autogobierno vasco”. Según Garamendi, esta sentencia “viene a ahondar, aún más, en la estrategia de erosión del autogobierno vasco por parte de los poderes del Estado y que, en las últimas fechas, además, está teniendo como víctima principal al euskera y al alto grado de consenso que las instituciones vascas, de la mano de la sociedad, hemos alcanzado en torno al impulso de nuestra lengua”.

El Ejecutivo de Gasteiz defiende su competencia para la conformación de los cuerpos de secretarios e interventores de las administraciones locales vascas. Considera que hay soporte legal en base a la Ley de Bases del Régimen Local y una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Además, sostiene que el Derecho foral vasco ha amparado siempre la capacidad de las instituciones locales para designar estas plazas. La sentencia omite que la Ley de Bases del Régimen Local señala que las actuaciones sobre funcionarios de habilitación nacional serán ejercidas por las instituciones vascas.

“Parece que la jueza ha omitido, incluso, sentencias del propio TC o el hecho de que es la propia normativa española la que remite a la normativa vasca en esta materia”, ha declarado la Consejera. La sentencia rechaza que la acreditación del perfil 3 o 4 de euskera pueda ser requisito para poder participar en el proceso selectivo y formar parte de la bolsa de personal interino. La resolución judicial sostiene que “la única administración con competencias para la selección y formación de estos funcionarios es la Administración nacional, aun cuando la Comunidad Autónoma puede constituir una bolsa de interinos”. El Gobierno vasco rebate esta interpretación de la legislación y apunta que, cuando la planificación lingüística de cada entidad local así lo requiera, la normativa vasca en materia de función pública posibilita la exigencia del euskera como requisito.