La denominada ley ciclista, que pretende acabar con la impunidad de los infractores al volante evitando el archivo masivo de las causas penales y aumentar así la protección jurídica de las víctimas, especialmente ciclistas y peatones, quedó ayer definitivamente aprobada tras pasar por el Senado.
El pleno de la Cámara Alta no ha introducido ninguna enmienda en el texto del Congreso, de modo que la proposición de Ley orgánica de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, quedó aprobada por 144 votos a favor, 4 en contra y 112 abstenciones, a expensas de su publicación en el BOE.
Con esta norma será obligatoria la elaboración de atestado y su remisión de oficio a la autoridad judicial y, además, elimina que el juez pueda subjetivamente apreciar la inexistencia de delito y archivar las diligencias sin una mínima instrucción.
Solo Vox votó en contra y el PP y PNV se abstuvieron en la votación de esta norma que, en palabras del presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Joan Lerma, trata de mejorar la situación de las víctimas afectadas por la reforma del Código Penal de 2015 del PP, que ha supuesto un incremento de los autos archivados y, por tanto, una reducción de la respuesta penal.
En lo sucesivo –precisó Lerma durante la presentación del dictamen– si el juez determina que hubo una imprudencia al volante y, como consecuencia de ella, se produjo una muerte o una lesión relevante, deberá ser calificada, como mínimo, de infracción menos grave y ser resuelta en vía penal.
En el turno de portavoces, el también senador socialista Manuel Mirás Franqueira subrayó que la ley mejora la vida de peatones y ciclistas, sienta la base para que las víctimas reciban un trato “más decente y justo” y evita que “matar o dejar incapacitados en las carreteras” salga gratis.
Su compañera de bancada Julia María Liberal aseguró que la reforma no es un capricho del PSOE sino un “clamor” de las víctimas, que serán reconocidas como tales y el fiscal velará para que el siniestro se investigue.
En la defensa de las cinco enmiendas del PP, Francisco Martín Bernabé lamentó los “cinco noes” del grupo socialista pese a que se trata de mejoras técnicas para ayudar a las víctimas respetando el contenido “sustantivo” de la norma.
En ellas, el grupo popular pedía establecer un procedimiento extrajudicial ágil y uno judicial rápido para atender los intereses de las víctimas, así como la reforma “antes de un año” del Código Penal para “eliminar incoherencias y desproporción en el tratamiento de las penas”.
El senador del PP Fernando de Rosa pidió no hablar de accidentes sino de conductas criminales utilizando vehículos a motor y criticó que el Gobierno no haya publicado todavía en el BOE la actualización del baremo, que debía entrar en vigor en enero, lo que hace que se pierdan 90 millones de euros en indemnizaciones.
Por ERC, Laura Castel recordó que casi el 40% de las víctimas de tráfico son vulnerables, a las que se obliga a asumir los costes si quieren reclamar por vía civil, mientras que el grupo vasco no quiso ser un obstáculo a la aprobación de la norma a pesar de su “análisis crítico”, dijo el senador Imanol Landa.
EL APUNTE
Imprudencia grave. Como novedad, modifica el concepto de imprudencia grave, que ahora podrá ser perseguible de oficio, pudiendo los jueces iniciar el procedimiento, sin tener que ser solicitado por la víctima.
Autoridad administrativa. El procedimiento penal lo podrá iniciar una autoridad administrativa cuando se aprecie una imprudencia vial haya o no accidentes o víctimas, algo que antes solo se podía a instancia de parte y solo si el juez detectaba imprudencia.
