El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), César Tolosa, criticó ayer miércoles que se traslade a los jueces la "responsabilidad" de las decisiones que debe tomar el Gobierno, en el marco de las diversas resoluciones dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) sobre las medidas anticovid adoptadas por las comunidades autónomas, un conflicto que en último término desemboca en esa sala del TS.
Tolosa sostiene que con las modificaciones introducidas a raíz de la pandemia en el mecanismo de ratificación judicial de las medidas administrativas que supongan una limitación de derechos fundamentales se traslada a los jueces la "responsabilidad" de las decisiones que "deben tomar" desde el poder político.
"Sigo insistiendo en que la labor de la jurisdicción es la labor del control de la actividad política, pero no la sustitución", dijo el jefe de la Sala III, que es la encargada de resolver sobre los recursos que los ejecutivos autonómicos formulen contra las resoluciones de los TSJ que tumben las restricciones para frenar la pandemia.
El magistrado criticó en concreto la última modificación legal operada mediante decreto por el Gobierno para crear un recurso de casación que permita a las comunidades autonómicas acudir al TS a fin de que este unifique la doctrina sobre las medidas anticovid que es posible acordar, una vez superado el estado de alarma.
"no es un recurso de casación"
A su juicio, "realmente no es un recurso de casación", dado que el TS "no está resolviendo situaciones generales, no está cumpliendo la función esencial de unificación de criterios, porque lo que está haciendo es juzgar situaciones concretas y determinadas" y, para eso, encima "está superando el gran límite del recurso de casación" que se refiere a la valoración de la prueba, puesto que se apoya en un solo dato: la situación epidemiológica de las diferentes comunidades autónomas.
Tolosa cargó igualmente contra la decisión de convertir en autoridades delegadas a los presidentes autonómicos durante el segundo estado de alarma como "una manifestación de la cogobernanza".
A este respecto, argumentó que la figura de la autoridad delegada "no tiene encaje" en el ordenamiento español, por cuanto la "clave" de los estados de alarma, excepción y sitio es que permiten "centralizar" competencias y, con dicha fórmula, se dio lugar a "un sistema descentralizado" por "voluntad del poder político".
Esto propició problemas de coordinación entre los distintos órganos judiciales, según expuso, planteando si ello no influyó también en "una dilación en la respuesta de los jueces en una situación donde realmente la celeridad es un valor", como ocurre en una pandemia.
A pesar de esta "situación de indefinición procesal", Tolosa puso en valor el trabajo de los jueces. "Creo que razonablemente hemos cumplido nuestra obligación, con unos altos niveles de excelencia", dijo, destacando la labor de los TSJ y de la propia Sala III. No obstante, auguró que "el problema jurídico continuará".
Contradicciones
Competencias. Tolosa trató la problemática surgida al "devolver las competencias a las comunidades autónomas" una vez finalizado el estado de alarma, dejando la Ley General de Sanidad de 1986 como instrumento de referencia para limitar derechos fundamentales, ante lo cual los TSJ dieron respuestas "absolutamente contradictorias" de las que mencionó como "mayor ejemplo" las del 7 de mayo de País Vasco y Valencia.
Ejemplos. Y es que en la CAV los bares solo podían abrir hasta las 22.00 horas, con un aforo al 50%, sin servir en barra ni de pie y con cuatro personas por mesa, mientras que en Valencia había toque de queda de 0.00 a 6.00 horas, pero las reuniones eran de hasta de diez personas.
