Euskadi dispone del segundo parque público de vivienda de alquiler más importante del Estado español, únicamente por detrás de Andalucía, según las conclusiones del informe La vivienda protegida en Euskadi en el contexto estatal, elaborado por el Observatorio Vasco de la Vivienda. Andalucía es la comunidad que cuenta con mayor número de viviendas protegidas en régimen de alquiler, 49.794, seguida en segunda posición por Euskadi con 23.974 viviendas, pese a contar con casi cuatro veces menos población.
El parque público de alquiler vasco está integrado por las 14.750 viviendas que gestiona el Departamento que dirige Iñaki Arriola a través de Alokabide y las pertenecientes a las sociedades municipales de vivienda, principalmente las de Bilbao y Donostia. El informe realiza un análisis comparativo de la situación de la vivienda protegida en Euskadi a partir de la información contenida en el Boletín especial de Vivienda Social 2020 publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, centrándose en tres aspectos: la construcción de vivienda protegida en las distintas comunidades, el parque de vivienda social y la inversión en políticas de vivienda.
Entre 1981 y 2019 se finalizó en el Estado español la construcción de 2.356.778 viviendas protegidas, de las que solo 167.479, un 7%, corresponden al periodo 2011-2019. La Comunidad Autónoma Vasca edificó 105.394 viviendas entre 1981 y 2019, lo que supone el 4,5% del total. Sin embargo, si se toman las cifras de la última década, donde más se ha notado el impacto de la crisis económica, el peso de la aportación de Euskadi es "muy relevante". Concretamente, entre 2011 y 2019 se construyeron 18.134 viviendas protegidas, lo que representa el 11% de toda la vivienda de protección pública terminada en el Estado.
Según indicaron fuentes del Departamento de Vivienda, aunque se parte de niveles muy bajos en comparación con otros países europeos, la promoción de vivienda protegida en alquiler a nivel estatal ha crecido sustancialmente en los últimos años, alcanzando en 2019 el 21% de la vivienda protegida terminada. En este apartado ocupa un lugar "relevante y creciente" Euskadi, donde el 38% de la nueva vivienda protegida está destinada al alquiler, un porcentaje muy superior al de Madrid, Nafarroa o Catalunya, que le siguen a distancia.
En cuanto a las viviendas sociales, en 2019 había 240.000 viviendas de titularidad de las comunidades, de las que 178.493 son en régimen de arrendamiento. La inversión media en vivienda realizada entre 2002 y 2019 es de 41 euros por habitante y año en el Estado, mientras que Euskadi alcanza los 74 euros de gasto directo por habitante. "Los incentivos fiscales también son una línea de intervención de las políticas de vivienda", agregaron fuentes del Departamento de Vivienda. Según los datos tributarios de 2018, el impacto del gasto fiscal en vivienda asociado al IRPF de Euskadi es de 409 millones de euros, principalmente por la deducción por compra de vivienda, lo que supone una deducción por habitante de 185 euros. A nivel estatal, las deducciones fiscales en el ámbito de la vivienda son bastante menores. La segunda comunidad en este apartado es Madrid, con 35 euros por habitante.
