Los sindicatos critican el regreso del 60% de los funcionarios

Diputación de Bizkaia y Consistorio bilbaino adecúan la vuelta presencial de sus empleados

12.05.2020 | 00:10
Una operaria de la OTA del Ayuntamiento de Bilbao comprueba los datos de un vehículo.

El 60% de los 7.000 empleados de la Administración General de Euskadi y organismos autónomos volvieron ayer al trabajo presencial, entre protestas de los sindicatos que consideran que no se cumplen las medidas de seguridad. La Diputación de Bizkaia así como el Ayuntamiento de Bilbao estudian, en base a sus propias circunstancias, el regreso escalonado de sus trabajadores.

Más de la mitad de los funcionarios dependientes del Gobierno vasco se incorporaron ayer a sus puestos de trabajo. El 40% restante incluye a las personas especialmente sensibles a un posible contagio por coronavirus y quienes tengan a su único cargo a menores de 14 años o mayores dependientes y los que estén inscritos en el programa de teletrabajo.

Tampoco acudirán en las próximas cuatro semanas aquellos empleados cuyo puesto de trabajo no cumpla con las medidas de seguridad y salud implantadas.

Para evitar aglomeraciones y reducir los movimientos de personal en los desplazamientos o en los tornos de entrada y salida de los edificios públicos, el Gobierno vasco ha implantado la jornada continua de siete horas al día, con veinte minutos de descanso que podrán ser disfrutados en cualquier momento. Además, ha previsto un horario flexible general de entrada y salida, por el que el personal podrá entrar entre las 7.30 horas y las 9.00, y salir entre las 14.30 y las 16.00 horas.

Bizkaia En el caso de los funcionarios del Ayuntamiento de Bilbao, el área de Recursos Humanos analiza la vuelta escalonada y segura para las próximas semanas. Según fuentes municipales, el retorno no está concretado aún, puesto que se pedirá tanto a los ediles como a los directores de las diferentes áreas que elaboren sus planes de necesidades, turnos y teletrabajo, cumpliendo siempre medidas higiénicas, distancias, aforos... Respecto a la Diputación de Bizkaia, fuentes de la misma señalan que trabajan en un plan de desescalada que se adecúe al territorio.

Desde el pasado 17 de marzo hasta ayer, el trabajo presencial en la administración general descendió al 20%, el porcentaje considerado por el Gobierno vasco como indispensable para atender los servicios públicos esenciales.

Entre otras medidas, para el regreso a la actividad presencial hay establecidas unas pautas de seguridad, como la entrega de mascarillas al personal que por el tipo de trabajo que realiza no pueda guardar la distancia obligatoria de dos metros. Están suspendidas todas las reuniones de trabajo presenciales no esenciales, los trabajos en el exterior que no sean esenciales, solo puede ir una persona en cada viaje de ascensor y los servicios de comedor de los centros de trabajo del Gobierno vasco continúan suspendidos.

El viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, aseguró ayer que la vuelta al trabajo presencial del personal público "se hará siempre siguiendo las recomendaciones de la autoridad en materia de Salud Pública para poder trabajar con las máximas garantías para la seguridad y la salud del personal".

Zearreta comentó que están revisando los protocolos y medidas de prevención continuamente para que los centros de trabajo sean "seguros y se pueda velar siempre por la salud del personal público".

Críticas sindicales Esta vuelta al trabajo presencial fue criticada por los sindicatos de la función pública, que consideran que las medidas de prevención articuladas por el Gobierno vasco no son suficientes para garantizar la seguridad de los empleados.

Un grupo de una veintena de delegados sindicales de ELA, LAB, CC.OO. y UGT se concentraron ayer frente a la sede central del Ejecutivo autonómico, en Gasteiz, para protestar por el retorno a la actividad presencial.

En un comunicado, las centrales denunciaron que esta reincorporación "forzosa, precipitada y poco planificada" también "chirría si se compara" con la que se lleva a cabo en estas administraciones y en otros centros de trabajo. Las centrales añadieron que están preocupados por la reapertura de los centros de atención presencial y critican que "se niegue" hacer test de covid-19 a la plantilla en general y a los trabajadores de estos centros en particular.

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