BILBAO. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu aprobó ayer martes un decreto que actualiza los requisitos materiales, funcionales y de personal que deberán reunir los centros residenciales para personas mayores con la finalidad de garantizar el derecho a recibir unos servicios de atención residencial de calidad.

Según ha criticado ELA en una nota, "el Gobierno vasco no ha tenido en consideración a ningún agente social en la elaboración del decreto", lo cual es, para el sindicato, "inadmisible".

Además, ha subrayado que el decreto "es un paso atrás" ya que no mejora el anterior de 1998 en cuanto a atención directa se refiere por lo que "deja un panorama desolador de cara al futuro".

De esa manera, el Gobierno vasco ha actuado "con irresponsabilidad y alevosía" en el decreto sobre las residencias de la tercera edad y ha decidido "perpetuar las condiciones indignas de nuestros mayores en el acompañamiento a sus últimos días, y además lo hace a largo plazo", ha concluido la central sindical.