Segunda región con menor proporción

Solo el 15% de los jóvenes vascos menores de 30 años ha logrado emanciparse

La cifra estuvo aumentado entre 2001 y 2008, pero a partir de ese último año ha ido disminuyendo

09.02.2020 | 09:41
Dos jóvenes miran el escaparate de una inmobiliaria.

La cifra estuvo aumentado entre 2001 y 2008, pero a partir de ese último año ha ido disminuyendo

MADRID. Es más, en seis comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Euskadi y Cantabria), esta proporción no alcanzaba ni el 17 %, entre otras cosas porque para que un joven pueda alquilar en solitario tiene que destinar más del 90 % de su salario, que es de una media de 900 euros al mes.

Euskadi es la segunda región con menor proporción de jóvenes que viven fuera de sus hogares de origen (15,7 %) y sus jóvenes deben destinar el 83,5 % de su sueldo a pagar el alquiler, mientras que en 2013 ese porcentaje era del 69,2 %.

De hecho el estudio constata la "crónica exclusión del mercado de la vivienda" que sufren los jóvenes vascos, que afecta especialmente al mercado del alquiler, una circunstancia favorecida por la "precarización creciente en las condiciones de empleo"

"No solo es que cada vez hay más personas jóvenes que trabajan con contratos temporales sino que, según la definición europea de 'empleo precario' (tener contratos de menos de tres meses de duración), Euskadi encabeza, tras la Región de Murcia, la lista de comunidades en la que es más frecuente entre la población joven", recoge el informe.

Este también revela que en el conjunto estatal el alquiler ha perdido algo de terreno como fórmula mayoritaria entre los jóvenes emancipados (del 60,6 % en 2017 al 59,2 % en 2018), que no pueden dar el salto a la compra (sólo el 11,6 % con propiedad pagada y el 17,4 % con hipoteca) y que optan cada vez más por casas cedidas o a bajo precio (el 12 %).

Es una tendencia que va en aumento la de vivir en casas cedidas por las familias que disponen de una segunda residencia.

Y no es que en el último semestre de 2018 se haya producido un desplome repentino de la autonomía residencial de la población joven en el estado español, sino que culmina un proceso que arrancó en 2009 y que, de una manera más o menos ininterrumpida, ha ido prolongándose hasta hoy, según el balance que se hace de las cifras en el Observatorio.

La proporción de jóvenes emancipados estuvo aumentado año tras año entre 2001 y 2008, pero a partir de ese último ha ido disminuyendo hasta regresar a cotas semejantes a las de mediados de la década de los noventa.

Pero actualmente, según el balance, no son sólo menos los jóvenes que pueden vivir fuera de casa de los padres, sino que cuando lo consiguen tienen más probabilidades de encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y social.

Se trata del colectivo de edad con los índices de pobreza y exclusión más elevados, el 34,8 % de media, aunque las mujeres poseen actualmente un menor riesgo que los hombres, justo lo contrario de lo que sucedía en 2009.

Tener trabajo no les garantiza estar fuera de esos índices porque de ese 34,8 % de jóvenes, el 26 % está ocupado, el 56,2 % está en paro y el 34,5 % son población inactiva, es decir no se incorporan al mercado laboral, ni ocupados ni parados.

En el 2018 el mercado de trabajo juvenil experimentó una notable mejoría ya que la tasa de empleo superó el umbral del 40, pero la temporalidad siguió siendo "extremadamente elevada", según el autor del informe.

El 55,5 % de los asalariados tenía contratos temporales, cuando la media en el conjunto de la población era del 26,9 % y cuando en el mismo trimestre de 2010 era de casi diez puntos menos.

Las máximas cotas, por encima del 60 %, se registraron casi iniciado el 2019 en Andalucía, Cantabria, Extremadura, la Región de Murcia y Euskadi, y en el mejor de los escenarios (Baleares, Cataluña y Madrid) no bajaba del 46 %.

"Los problemas no se deben perpetuar", según los responsables del Consejo, quienes ponen varios apellidos al empleo juvenil: temporalidad e inestabilidad, algo que dificulta el acceso a la vivienda y sobre todo en propiedad porque, según sus cálculos, tendrían que ganar un salario de 22.000 euros para poder acceder a ella.

Abogan, por ello, por una política con criterios de accesibilidad a los hogares y por un parque público de viviendas.

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