Bilbao - El conflicto laboral que enfrenta a trabajadores y las patronales de los colegios concertados vivió ayer su vigésimo primera huelga, la decimoctava de este curso y la cuarta consecutiva de la semana. Y las partes siguen sin alcanzar un acuerdo. Es más, no se han vuelto a sentar alrededor de una mesa desde enero. Así las cosas, y si no se produce un giro de guion, parece inevitable que en abril las familias y los 107.000 estudiantes se enfrenten a un nuevo asalto del enfrentamiento con cuatro paros convocados los días 1,2, 3 y 4. Y si esa nueva tanda de huelgas obtiene el mismo resultado que la de esta semana, en mayo hay convocados otros dos paros, en concreto, los días 8 y 9.

Es difícil saber en qué punto se encuentran las negociaciones ya que ninguna de las partes ha expuesto claramente cuáles son las trabas que impiden que se reactive la mesa de negociación del convenio colectivo, que las ikastolas sí firmaron en diciembre. Los sindicatos recordaron ayer que 9.000 docentes llevan 10 años de congelación salarial, que tienen incremento progresivo de las cargas de trabajo y una previsión de pérdida de puestos de trabajo por el descenso de la tasa de natalidad. Ciertos colectivos (especialistas de apoyo educativo y trabajadoras de primer ciclo de educación Infantil), que resultan ser los más feminizados, tienen unas condiciones laborales especialmente precarias. También está pendiente la homologación del profesorado de 1º y 2º de ESO, así como una mayor regulación de la Formación Profesional.

Avances “insuficientes” Aunque en este tiempo se han producido avances, para los sindicatos son “insuficientes”. Por su parte, Kristau Eskola mantiene que ya ha llegado a su “máximo“, porque los límites de la propuesta salarial presentada a la plantilla no los fija Kristau Eskola sino el modelo de pago delegado mediante la financiación pública. Y en medio se encuentran las familias, que esta semana han instado a las partes a nombrar un mediador o se sometan a un arbitraje. Ayer, los sindicatos volvieron a salir al paso de las acusaciones vertidas por las Ampa, que el miércoles hicieron públicas sus sospechas a cerca de las intencionalidad política del bloqueo.

En este sentido, las centrales afirmaron que los objetivos de la huelga son “claros y conocidos” y “no “esconden ningún interés por acabar con la red concertada” ni ningún otro interés oculto. “Se trata de revertir los recortes habidos en las condiciones de trabajo y de mejorarlas; desde la convicción de que esas mejoras repercutirán también en la calidad de la educación que recibe nuestro alumnado”, señalaron.