Bilbao - La fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Carmen Adán, estableció ayer una relación entre la situación de “saturación” de los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) y las conductas delictivas o infractoras de algunos de ellos. Adán reconoció que ha habido un “fortísimo” incremento en el número de menas que llegan a Euskadi y que ofrecerles la atención y los medios que requieren supone un problema “muy complejo” para las instituciones. Aún así abogó por dar respuesta a este problema y no dejar de acoger a los que llegan.
La fiscal superior compareció ayer -a petición de EH Bildu- ante la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento Vasco para presentar las propuestas de la Fiscalía para este año y hacer un balance de su actividad en 2018. En su intervención, Carmen Adán incidió en que la “saturación” que se vive en los centros donde se acoge a los menas impide desarrollar programas de trabajo adecuados con ellos y les aboca a ser infractores. En opinión de la fiscal superior, el hacinamiento genera situaciones de “conflictividad” que llevan a que menores que no eran infractores “terminen siéndolo”, por “agresiones entre ellos” o daños en los propios centros.
El diagnóstico de Carmen Adán sobre la situación de los menas coincidió con la presentación en Madrid de un informe de Unicef -Los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española- con algunas coincidencias. Así, Unicef también denuncia la “saturación” de los centros de menores y la falta de personal y recursos para su protección e integración social. De acuerdo a datos del Ministerio del Interior, 2018 cerró con 13.012 inscritos en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados. El presidente de Unicef, Gustavo Suárez Pertierra, señaló al respecto que “España tiene un buen modelo porque el enfoque es de protección de la infancia, por lo que el punto de partida es bueno y hay voluntad política, pero tiene debilidades y no está consiguiendo proteger a los menores” y lamentó que la mitad de los menas abandonan los centros de acogida y terminan en la calle, sometidos a riesgo de explotación sexual y otros abusos.
Ante el Parlamento Vasco, Carmen Adán recordó que el Ministerio Público tiene encomendada por Ley la protección de los menores en situación de riesgo y desprotección, así como la “vigilancia” de la labor de las administraciones que se encargan de su protección. En Euskadi la atención de los menores extranjeros no acompañados, al igual que la del resto de menores sin familia o en situación de desprotección, es competencia de las diputaciones forales.
Deficiencias Adán explicó que, en las visitas que realiza la Fiscalía a los centros que albergan a menas se ha constatado que el elevado número de menores acogidos en estas instalaciones implica que no se esté aplicando “un programa adecuado” y que “no se esté trabajando” con estos jóvenes. Esta “saturación” -añadió- “está generando situaciones de conflictividad que hacen que esos menores, que en principio no eran infractores, terminen siendo infractores”. “Es algo complejo porque no podemos dejar de hacer nuestro trabajo cuando hacemos las actas de inspección ni podemos indicar a una entidad pública encargada de la protección de menores que deje de acogerlos. Es un problema de saturación al que habrá que dar una respuesta en un ámbito que no nos compete”, afirmó la fiscal.
En cuanto a la determinación de la edad de los inmigrantes que afirman ser menores, recordó que el proceso lo asume la Fiscalía con pruebas médicas “muy completas”, pero reclamó que se establezca un procedimiento administrativo pautado.
En su repaso de los principales tipos delictivos y los colectivos a los que afectan, la fiscal superior incidió en el número creciente de infracciones y la “creciente violencia” de algunos delitos cometidos por determinados menores de edad, con independencia de su procedencia. Demandó la creación de un grupo específico dentro de la Ertzaintza para trabajar en este ámbito y apuntó que jueces y fiscales “no entienden” los motivos de que todavía no exista, cuando sí que están operativas unidades para investigar delitos medioambientales o económicos.
Carmen Adán también hizo referencia a la violencia de género y al problema que implica el “silencio”, en ocasiones “amparado legalmente”, que rodea este tipo de delitos. Lanzó un mensaje de apoyo a los forenses que trabajan en el ámbito de la violencia machista, ante el “cuestionamiento” del que están siendo objeto por parte de ciertos sectores. Las unidades de valoración integral forense, que a veces han sido cuestionadas -dijo-, son absolutamente esenciales y fundamentales para nuestro trabajo y realizan una labor rigurosa”.
