BILBAO. Tras las denuncias de varios sindicatos, la Fiscalía Superior abrió el pasado 5 de junio diligencias para investigar si hubo irregularidades en las pruebas de 19 especialidades médicas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza.

Ahora ha finalizado las diligencias. Según CCOO, la fiscalía ha trasladado al juzgado las actuaciones de 15 categorías, todas ellas médicas, y ESK ha precisado que la fiscalía ha apreciado indicios de delito en diez de las especialidades médicas que denunció esta central.

Tras este escrito de la Fiscalía, los sindicatos ELA, ESK y CCOO considera que debe producirse el cese del consejero de Sanidad, Jon Darpón. Desde que se descubrieron las filtraciones, han dimitido la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y los directores de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, y Económico, Ricardo Ituarte.

ELA ha considerado que lo ocurrido en estas oposiciones no es un caso "aislado", sino una muestra más de un "sistema corrupto" al frente del que están los jefes de servicio con la "total cobertura" de la Dirección de Osakidetza, por lo que ha exigido el "cese inmediato" de Darpón por ser el "máximo responsable".

ESK también ha reclamado el cese inmediato del consejero y la "regeneración" de Osakidetza para garantizar el fin de un "sistema corrupto y clientelar" instaurado con el conocimiento de los máximos responsables del servicio de salud.

Para CCOO, la "desidia" del departamento de Salud al afrontar lo sucedido en la última OPE es motivo "suficiente" para que Darpón cese de su cargo.

Por su parte, el sindicato LAB ha optado por no hacer todavía valoraciones para "no entorpecer el curso del procedimiento".

Según ELA y ESK, la Fiscalía señala a la dirección de Osakidetza como clave en las irregularidades habidas en esta OPE.

Así, apunta que, si bien se había decidido encargar al instituto público IVAP la elaboración de los exámenes teóricos de las especialidades médicas, "quien finalmente y en realidad designaba a las personas que elaborarían el examen fue la dirección de Osakidetza, la que les proporcionó un listado de personas, una por especialidad médica".

"Las personas que participaron en proporcionar tales nombres fueron el director de Recursos Humanos -Juan Carlos Soto, dimitido-, el subdirector de Recursos Humanos y el director de Asistencia Sanitaria", han apuntado los sindicatos.

La Fiscalía agrega que el IVAP desconocía que esas personas que constaban en el listado proporcionado, y que finalmente confeccionaban los exámenes, fueran en ocasiones también miembros de los tribunales.

"Ese conocimiento lo tenía quien designaba a tales miembros, a sabiendas de que no sólo iban a elaborar el primer examen, sino evaluar este y participar en el segundo", precisa la Fiscalía.

Continúa el escrito señalando que "la decisión de designar a uno u otro profesional se realizaba de un modo exento del control necesario para excluir la arbitrariedad", y añade que "no constan criterios objetivos en la designación"

También, según ELA, señala que Osakidetza ha interferido en la decisión de los tribunales calificadores y que no ha obrado con homogeneidad, de forma que, por ejemplo, en unos casos decidió que los dos exámenes fueron elaborados por el IVAP, y en otros, el segundo lo fuera por el Tribunal.

Además, una vez que afloraron las presuntas irregularidades, a juicio de la Fiscalía, la dirección de Osakidetza actuó, nuevamente, de forma parcial.

Un total de 72.500 personas se presentaron a esta oferta de empleo, y tras las numerosas críticas recibidas el Servicio Vasco de Salud decidió repetir cinco exámenes de tres especialidades médicas. Sin embargo, ante la Fiscalía se presentaron denuncias sobre 19 especialidades