Bilbao - El Ararteko, Manu Lezertua, alertó ayer de la situación de los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) en Euskadi, que se vieron “totalmente desbordados” en 2017 con 587 menores atendidos y actualmente se enfrentan a nuevas llegadas masivas. Pese a este importante incremento de las necesidades de atención en los centros, el año pasado la oficina del Ararteko no recibió ninguna queja por parte de estos jóvenes.

El Ararteko compareció ayer en el Parlamento Vasco para presentar el Informe Anual de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia de 2017 en el que reconoce el “gran esfuerzo” realizado por los servicios sociales de las diputaciones vascas para atender a un elevado número de menores extranjeros no acompañados: 1.721 atendidos entre 2003 y el año pasado, en el que hubo 587 adolescentes acogidos, 423 de ellos en Bizkaia. Lezertua también resaltó que “tras los problemas de diversa índole observados en la acogida y atención de estos menores en años anteriores”, las administraciones han ido mejorando sus protocolos, programas y recursos de intervención. No obstante, ante “la preocupación por un eventual deterioro en las condiciones en las que estuvieran siendo acogidos”, el ararteko visitó los centros de primera acogida y realizó recomendaciones.

Según expuso ayer Manuel Lezertua, “junto a los problemas de atención derivados de una llegada intensa e incontrolada”, que se ha visto agravada en 2018, el principal reto de la Administración vasca frente a los menas “es la inclusión social y el apoyo a la emancipación” de estos jóvenes una vez cumplida la mayoría de edad. El Ararteko aboga por dotar de seguimiento y apoyo público a las salidas y recursos habilitados para ellos tras la mayoría de edad.

Quejas En cuanto a la actividad de la oficina del Ararteko en relación con la infancia y la adolescencia, el 16,37% de total de quejas atendidas el año pasado (492 expedientes) contaban con algún menor involucrado, y el Ararteko abrió 14 expedientes de oficio “en aquellas situaciones en las que puede haber una situación de vulnerabilidad que no está lo suficientemente atendida”.

Del análisis de estas quejas contra la actuación de la Administración pública, entre las que abundan las de padres disconformes con la decisión de los servicios sociales de las diputaciones vascas de retirarles la tutela, el Ararteko aseguró que no había encontrado indicios de una actuación incorrecta por parte de las administraciones. En ese sentido, Lezertua apuntó a que en 2017 casi 3.000 menores -incluidos los menas- estaban bajo la tutela de las administraciones, el 35% en acogida por parte de familias y el 65% en centros residenciales para menores.

Lezertua también señaló que los casos de niños, niñas y adolescentes que viven en situación de precariedad socio-económica viene siendo una de sus mayores preocupaciones en los últimos años y recordó que “la pobreza infantil en Euskadi puntúa siempre por encima de los indicadores para la población general y ha crecido a mayor ritmo que aquella”.

En opinión del Ararteko “resulta esperanzador el anuncio de la Estrategia vasca de Inversión en la Infancia y la Familia, que busca dar respuesta, entre otras cuestiones, a las demandas de un plan urgente de atención a la pobreza infantil”. Sin embargo, las últimas encuestas muestran que “las carencias asociadas a la pobreza y otras formas de ausencia de bienestar, incluso las más graves, no están erradicadas entre la población menor, incluso en un territorio con un sistema de garantía de ingresos comparable a los más desarrollados en la UE”.