GASTEIZ. El diputado de Promoción Económica, José Zurita, ha comparecido hoy en comisión en las Juntas Generales de Araba pada informar del incendio que asoló el antiguo colegio, propiedad de la institución, en la madrugada del domingo 29 de junio.
Ha explicado que el derribo del edificio se ha llevado a cabo de forma urgente por motivos de seguridad y que esta actuación ha tenido un coste de 9.000 euros.
Sin embargo, la operación más costosa será el desescombro, ya que la Diputación maneja un precio de 30 euros por tonelada. Ante este elevado presupuesto, los responsables forales están analizando si hay otras posibilidades más allá de trasladar los escombros "directamente al vertedero".
El antiguo colegio de Izarra se encontraba desde hace años en estado de abandono tras fracasar tres proyectos para darle uso. El último, que estuvo a punto de cuajar, fue el de la empresa de Ávila Aisofftal Group que organiza encuentros de simulación bélica y que hace algo más de un mes renunció al proyecto ante la oposición de los ayuntamientos de la zona y de PNV y EH Bildu.
En este sentido, Zurita ha insistido en que si una empresa hubiera estado desarrollando su actividad en el recinto "la situación hubiera sido complemente diferente", aunque según ha asegurado las instalaciones eran vigiladas y la seguridad "se ha cuidado".
Sobre la inexistencia de un seguro con cobertura contra incendios, el diputado ha detallado que se contactó con cuatro compañías pero que ninguna aceptó asumir este riesgo en sus pólizas debido al deteriorado estado del complejo.
Al término de esta comparecencia el grupo de EH Bildu en las Juntas Generales ha reclamado la dimisión de Zurita y ha advertido de que en caso contrario iniciará contactos con el resto de grupos de la oposición para presentar una moción de censura en su contra.
El portavoz de la coalición soberanista, Gorka Ortiz de Guinea, ha reprochado que la Diputación haya "iniciado el derribo sin hablar con (el Departamento de) Seguridad para saber si han finalizado la investigación sobre el terreno", que la demolición se haya hecho "sin licencia municipal" y que no haya presentado "documentación que avale la negativa de las compañías para asegurar contra incendios el complejo".
