Bilbao. Aunque sobre su mesa hay temas candentes como la financiación de la Justicia Gratuita, múltiples peticiones de dotaciones humanas y materiales y varias reformas en ciernes, Ana Agirre (Bilbao, 1959) afirma sin dudar que su prioridad es contribuir a que "la Justicia en este país sea lo más ágil, rápida y adecuada posible a los intereses de los ciudadanos".

Usted se ha manifestado a favor de las tasas judiciales argumentando que la Justicia es muy cara.

Estoy a favor del concepto de tasas judiciales, pero no estoy conforme ni con su cuantía ni con su distribución. El propio Tribunal Constitucional admitió el concepto de tasas como canon a satisfacer por el beneficiario de un servicio público. Creo que la Justicia en general es muy cara y de alguna manera el concepto de tasas judiciales no me parece mal, lo que no significa que esté de acuerdo con las cuantías que ha establecido el Ministerio. Esas cuantías me parecen desproporcionadas y se han distribuido de forma no equitativa y no justa.

Dice que la Justicia es cara, ¿cuánto cuesta en el País Vasco?

Los presupuestos de la Viceconsejería de Justicia son de 156 millones de euros. Pero sólo cubren la parte de las competencias que tiene esta comunidad autónoma en lo que corresponde a la administración de la Administración de Justicia. No cubren una parte importante del personal, los jueces, fiscales y secretarios judiciales, que dependen de la administración del Estado.

¿Cree que en la Justicia se va a imponer el copago como en los medicamentos?

No es exactamente lo mismo pero sí es cierto que con las tasas judiciales lo que se establece como concepto es que hay que pagar por la utilización y el acceso a la Justicia. Con los impuestos pagamos el funcionamiento de los servicios públicos, y con las tasas, su uso.

¿Dónde están los límites de ese pago?

La raya roja está en que la capacidad económica de un contribuyente en ningún caso puede suponer la imposibilidad de acceder a la Justicia y hay determinadas tasas, sobre todo las fijas en alguna jurisdicción, que pueden impedir el acceso efectivo. Algunas tasas no tienen en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos y su incidencia puede atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de todos los ciudadanos a defenderse y acudir a la Justicia.

Recientemente ha reclamado una participación de la Comunidad Autónoma Vasca en la recaudación por tasas judiciales.

La propia ley de tasas vincula estos ingresos con la financiación de la Asistencia Jurídica Gratuita. Lo que yo defiendo es que como las tasas judiciales no son concertadas y no pueden ser recaudadas por las Diputaciones forales, habrá que buscar una fórmula para que la Administración vasca pueda participar en la recaudación de esas tasas en Euskadi.

¿Cree que las tasas, tal y como están establecidas ahora, necesitarían mayor progresividad?

Creo que sí, pero es fácil decirlo y mucho más difícil trasladarlo a la normativa.

Nada más llegar a la Viceconsejería se encontró con un conflicto con los Colegios de Abogados por la financiación de la Justicia Gratuita. ¿Ya está solucionado?

Estamos en vías de solucionarlo, pero todavía nos queda mucho esfuerzo, mucha negociación y muchas horas de discusión y debate con los Colegios de Abogados. Espero que nos salga bien.

¿En qué punto se encuentran?

Estamos analizando los anexos del decreto de Justicia Gratuita que aprobó el anterior Gobierno vasco, viendo la manera de simplificar el procedimiento de solicitud de Justicia Gratuita y las posibilidades de que los autos de insolvencia puedan ser asumidos por la comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. También estamos estudiando los elementos que introduce la nueva ley estatal y el concepto de fallidos, que son las actuaciones letradas que se tienen que realizar y después quedan sin retribuir porque las personas que las solicitaron no tienen derecho a la asistencia gratuita o por otros motivos. Hay un medio entendimiento y en el proyecto de Presupuestos hemos incorporado un fondo económico para cubrir los costes de esos fallidos. El objetivo es que el fondo se nutra de unas cantidades aportadas en una parte por el Gobierno vasco y en otra por los Colegios de Abogados. Sería un esfuerzo compartido.

¿La aportación al fondo sería al 50%?

Esto está siendo negociado, lo importante es que haya un esfuerzo compartido. Luego ya discutiremos hasta dónde puede llegar la financiación de cada uno.

Deduzco que hay discrepancias, que los abogados no piensan que deban aportar lo mismo que el Gobierno vasco.

Sí, pero es normal. Los abogados consideran que alguien les tiene que pagar por las actuaciones que realizan por requerimiento judicial, el problema es quién es ese alguien: si es la Administración o es el cliente. En principio una actuación que no esté reconocida como Asistencia Judicial Gratuita debería ser abonada por el cliente, como cualquier otra, pero muchas veces el cliente o bien desaparece, o no solicita Justicia Gratuita, o se le deniega. Es en ese terreno donde hay que buscar una solución, pero es evidente que no es algo que le corresponda a la Administración pública.

¿Se atreve a poner una fecha a ese posible acuerdo con los Colegios de Abogados?

No, no podría ponerla. La negociación con los Colegios de Abogados va a ser permanente y dinámica, al menos esa es nuestra voluntad. La verdad es que hay algunos elementos que pueden afectar a la marcha de las negociaciones.

¿Como cuáles?

Por ejemplo, si se produce la aprobación de los Presupuestos tendremos el fondo de fallidos, pero si estamos en prórroga tendremos que buscar otra fórmula. También está la vigencia del actual decreto de Justicia Gratuita. Hay cuestiones que son interpretables y, por lo tanto, se pueden flexibilizar, pero otras exigen modificar el decreto. Además el Gobierno español prepara una nueva ley de Asistencia Jurídica Gratuita y no me gustaría hacer una modificación y luego vernos obligados a hacer otra para adaptarla a la nueva ley.

¿Cuáles son las prioridades en materia de Justicia?

Contribuir a que el servicio de la Administración de Justicia en este país sea lo más ágil, lo más rápida y lo más adecuada para los intereses de los ciudadanos en la medida que nos compete. Esto afecta a dos ámbitos: las personas y las cuestiones materiales. Pero lo relativo a los ciudadanos es prioritario, y ahí entra el tema de la Justicia Gratuita, la atención a los menores infractores, cuya custodia y guarda nos corresponde mientras estén en nuestros centros y la reinserción de los presos. Sin embargo, la línea divisoria entre personas y cosas a veces es difícil, porque Menores necesita que los centros cuenten con instalaciones adecuadas.