Lamarca sostiene además que en este proceso deberían tomar parte las personas afectadas por estos robos.

Lamarca ha aprobado una recomendación general en respuesta a las quejas presentadas por varios ciudadanos y asociaciones vascas por la sustracción o separación irregular de bebés de sus madres biológicas en las décadas de los años 1960 y 1970, y su demanda de que estos hechos delictivos sean aclarados de forma precisa.

Esta recomendación explica que las quejas cuestionan en algunos casos la voluntad de las madres biológicas de dar a su hijo y exponen la imposibilidad de que estas personas puedan conocer su origen. También afectan a madres que creyeron que su hijo había fallecido al poco de nacer y tuvieron conocimiento después que las circunstancias en que murieron no están muy claras.

Asimismo, y según hizo llegar la Asociación SOS Bebés Robados Euskadi al Ararteko, existen dificultades a la hora de investigar los casos sospechosos porque al intentar recopilar información sobre el nacimiento, la adopción o el fallecimiento se encuentran con que no pueden acceder a estos datos porque no se ha registrado adecuadamente o bien no se les facilita.

En este último caso, relata Lamarca, los responsables de los ficheros de datos o registros alegan para denegarles la información que se vulnera el derecho a la intimidad y a la protección de datos. En consecuencia no han podido recabar información de centros hospitalarios ni clínicas ni de las Diputaciones Forales o de los cementerios.

El Ararteko reconoce en su resolución que el robo de bebés a sus madres biológicas está provocando "una alarma social y desconfianza en las instituciones que debe ser objeto de atención y preocupación por los poderes públicos" a pesar de que los hechos se remonten a los años sesenta y setenta y las decisiones que puedan adoptar los tribunales.

"Es imprescindible el esclarecimiento de los hechos, para lo que, además de la vía judicial, y con independencia de las eventuales responsabilidades penales a que hubiere lugar y que se determinen en esa vía, se debería articular otro mecanismo que permitiera conocer lo que ocurrió, el procedimiento y la manera en la que se produjeron las adopciones", añade.

Así, pide la puesta en marcha de una comisión formada por expertos independientes cuya función sería la de "analizar los hechos, elaborar un informe y proponer vías de reparación para las víctimas". El trabajo de esta comisión debería, según Lamarca, ofrecer cauces de participación a las personas y familias directamente afectadas.

Finalmente, aboga por que la investigación busque analice las normas que regulan el acceso a los archivos y registros, y la inscripción de nacimiento --especialmente la Orden del Ministerio de Justicia de 10 de noviembre de 1999 y las Instrucciones de 15 de febrero de 1999 y de 1 de julio de 2004 de la Dirección General de los Registros y del Notariado--.

El fin de este análisis, explica el Ararteko, sería "valorar si son necesarias nuevas previsiones normativas que garanticen el derecho a la identidad y el derecho al conocimiento de los orígenes biológicos y pondere adecuadamente la colisión con otros derechos".