La Fiscalía Superior de Cataluña pide condenar al conseller catalán Roger Torrent a un año y ocho meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por presunta desobediencia cuando presidía la Mesa del Parlament en 2019.
El escrito de acusación reclama la misma condena para el exsecretario primero de la Mesa Eusebi Campdepadrós y el exvicepresidente primero Josep Costa, y para la entonces secretaria cuarta de la Cámara, Adriana Delgado, pide 16 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.
Según la Fiscalía, los miembros independentistas de la Mesa que presidía Torrent tramitaron propuestas de resolución supuestamente a sabiendas de que suponían desoír varios autos y sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que anteriormente ya habían anulado resoluciones del Parlament relacionadas con el proceso independentista y el derecho autodeterminación, y otras que reprobaban al Rey.
La Fiscalía asegura que el TC había comunicado estas sentencias anteriores “individual y personalmente a todos los miembros de la Mesa” junto con un aviso de su obligación de paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que fue a contra estas decisiones judiciales.
El 22 de octubre de 2019 Junts, ERC y la CUP registraron una propuesta de resolución que reprobaba a la monarquía y defendía el derecho a la autodeterminación a raíz de la sentencia del 1-O. La acusación pública sostiene que los miembros independentistas aceptaron esta propuesta de resolución a pesar de que conocían los avisos del TC y “a pesar de la oposición del resto de miembros de la Mesa y de los expresos apercibimientos del secretario general del Parlament y del letrado mayor”.
El escrito de acusación recuerda que otros miembros de la Mesa pidieron reconsiderar la aceptación de la propuesta de resolución pero que Torrent usó su voto de calidad para admitirla.
