El despacho del ministro Escrivá se ha convertido en un agujero negro donde van a morir las demandas de autogobierno del Ejecutivo vasco. Ha pasado más de un mes desde que la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, rechazó la oferta a la baja que le llegó desde el Estado para la transferencia del Ingreso Mínimo Vital; una transferencia que en realidad no era tal y se quedaba en una mera encomienda de gestión que hurtaba funciones a las instituciones vascas. Con esa oferta, Lanbide solo asumía las funciones iniciales del proceso y la recepción de las solicitudes ciudadanas, mientras que la concesión y el pago de la prestación quedaban en manos de la Seguridad Social, que se reservaba así la tutela y la fiscalización del proceso. Fuentes de la consejería consultadas por DEIA explican que la consejera hizo saber entonces que el traspaso debía guiarse por dos criterios: ser completo, y resolverse en base al Concierto Económico, de manera que incluyera la parte económica y se solucionara vía Cupo.

Pero este martes Garamendi ha revelado que no ha habido "avances ni ninguna diferencia sustancial", y que seguirá insistiendo para hacer ver cuál debería ser el contenido de un traspaso propiamente dicho. No ha llegado una nueva oferta desde Madrid.

Ni la presión política del PNV en el Congreso de los Diputados para que este asunto se resuelva, ni el descontento de los propios socialistas vascos y de la vicelehendakari segunda Idoia Mendia con Escrivá hacen mella en este ministro. Se ha mostrado inmóvil y poco receptivo en público y ha desdeñado los avisos de los jeltzales asegurando que son un intento de influir en las conversaciones desde fuera, y que él cumple lo pactado o incluso va más lejos. Mientras tanto, la bola de nieve crece. El PNV, cuyos seis votos son necesarios para garantizar la estabilidad de Sánchez, avisó por boca de su presidente Andoni Ortuzar de que este ministro "tendrá enfrente para siempre" al partido jeltzale si la transferencia no llega al inicio del curso político (en septiembre) y en los términos pactados. Añadió que, mientras tanto, va a ser "muy difícil que haya entendimientos de calado" con ese ministerio, "por no decir imposible", como avisó en Onda Vasca.

ESCRIVÁ EN LA PICOTA

Ortuzar dejó caer otro dardo: avisó que esto será así mientras Escrivá "sea ministro", deslizando así que puede estar sentenciado y con un pie fuera del Ejecutivo en plenos rumores de remodelación del gabinete de Pedro Sánchez. Escrivá es un ministro abonado a la polémica y, como ya informó este periódico, incluso los socialistas admiten que su perfil técnico, rodeado además de otros técnicos en su equipo, genera serios problemas políticos. Ha sucedido con las pensiones, donde se ha enredado con su propuesta de que los nacidos entre los años 50 y 70 asuman un recorte en sus pensiones o trabajen más años. Este anuncio ha enturbiado el diálogo social con los sindicatos y la patronal y el futuro acuerdo sobre este factor de equidad intergeneracional en noviembre. En algunos ámbitos se considera que está quemado como ministro, y tampoco convenció su papel en la negociación de los ERTE.

Su posición incomoda a los socialistas vascos (Mendia aclaró que no quiere que Euskadi sea una mera sucursal en el IMV), empaña la apuesta de Sánchez por el desarrollo del autogobierno, y causa problemas al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, quien sí había prometido a Garamendi que la transferencia sería completa y tuvo que aclarar en una entrevista con este periódico que el Gobierno español negociará con un solo criterio. El propio Iceta ha quedado fortalecido y se espera que sea premiado con un ascenso, también pensando en la negociación con Catalunya.

Ortuzar no quiso incidir en la crítica a Escrivá porque, en ocasiones, esa censura acaba siendo un refuerzo, aunque el descontento es patente. El traspaso está pendiente desde el 31 de octubre de 2020. El PNV pactó una encomienda de gestión provisional a la espera del traspaso, pero Escrivá la toma por definitiva.

LOS EJES DE GARAMENDI

Garamendi seguirá insistiendo. "Hace un tiempo que manifestamos la posición del Gobierno vasco. La propuesta del Estado no era una transferencia entendida como un traspaso de servicios y funciones y medios personales y materiales. Se estaba proponiendo un simple ejercicio de gestión por parte de la comunidad autónoma que en ningún caso llegaba siquiera al pago de las ayudas. No podíamos aceptar esa propuesta. Hemos seguido manteniendo contactos. Hemos vuelto a hablar de este tema, seguimos hablando, no ha habido avances, no ha habido ninguna diferencia sustancial para poderlo reseñar, pero sí que es cierto que seguimos pensando que la transferencia ha de ser íntegra en todo caso, y nuestra voluntad es hacer entender eso al ministro o ministros a los que competa la gestión", dijo tras el Consejo de Gobierno.

No quiso entrar en si la negociación sería más fácil sin Escrivá en el Consejo de Ministros, aunque sí aclaró que su diálogo sobre transferencias se desarrolla en esencia con el ministro Iceta, "y ahí seguiremos intentando negociar y hacer entender qué es un traspaso".

Desde su departamento explican que Garamendi ha hecho saber al Gobierno español que la transferencia debe ser completa y no una mera encomienda de gestión de servicios; y que debe resolverse a través del Concierto Económico y el Cupo, el dinero que paga Euskadi al Estado por los servicios que ofrece en suelo vasco y que debería ajustarse contemplando el pago de estas ayudas desde Lanbide. Sobre estas bases, el Gobierno vasco quiere que envíe otra propuesta, que todavía no ha llegado.

SÁNCHEZ, "REPANTINGADO EN EL SOFÁ"

Ortuzar está dispuesto a que la legislatura de Sánchez aguante hasta finales de 2023 o principios de 2024, pero avisó de que el presidente no debería "utilizar la falta de alternativa para repantingarse cómodamente en su sillón y esperar que los apoyos le vengan gratis". Pidió que cumpla los acuerdos previos referidos al Estatuto, el TAV y otras inversiones presupuestarias para empezar a tratar las Cuentas de 2022. Se marcó esos hitos para el próximo trimestre.