El diálogo ha llegado a un callejón sin salida con el ministro Escrivá. La insistencia del ministro de la Seguridad Social en plantear una transferencia del Ingreso Mínimo Vital a la baja está llevando a un punto crítico y de bloqueo las negociaciones con el Gobierno vasco, sobre todo, teniendo en cuenta que contradice el compromiso político asumido por el ministro Iceta con un traspaso completo y que cumpla el Estatuto de Gernika. Tanto la parte jeltzale como la parte socialista del Ejecutivo de Iñigo Urkullu rechazaron ayer la oferta enviada el viernes por el Gobierno español y creen que es absolutamente inasumible porque no plantea la gestión íntegra de esta prestación por parte de la comunidad autónoma vasca, sino que el Estado se sigue reservando el pago de la ayuda y relega a Euskadi a una mera ventanilla. La consejería de Autogobierno anunció ayer en una nota de prensa el rechazo de la oferta, aunque evitó citar a José Luis Escrivá. Cree que la oferta “recorta” funciones y no traspasa los medios humanos, materiales y económicos necesarios. Fuentes del departamento de la socialista Idoia Mendia también vieron inaceptable la oferta.
Formalmente, la propuesta del viernes es del Ministerio de Iceta, pero se basa en el planteamiento que le envió previamente el Ministerio de Escrivá. Tras meses mordiéndose la lengua, la consejera Olatz Garamendi rechazó ayer la propuesta porque “recorta las funciones”. Hurta la parte económica (el pago de la prestación a los vascos desde Lanbide), lo que contradice el Concierto Económico. Garamendi reivindica, por el contrario, el compromiso que asumió en la reunión de marzo el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, cuya posición queda así reforzada a la espera de que el presidente Sánchez intervenga para clarificar estos mensajes discordantes entre dos de sus ministerios, tal y como adelantó DEIA.
El Ministerio de la Seguridad Social pretende fiscalizar el pago de esta ayuda y retener ese control. Es un planteamiento de “dudosa legalidad”, según Garamendi. Supondría petrificar la situación actual, una mera encomienda de gestión, y no una transferencia como tal. Escrivá se ciñe a la encomienda de gestión que pactó en 2020 con el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, aunque estaba concebida como algo provisional a la espera de acordar la transferencia. Como consecuencia, el Estado escatima en medios humanos, materiales y económicos, porque no está pensando en un traspaso completo, sino en “mercancía averiada”. Garamendi “en ningún caso aprobará la transferencia en estas condiciones”.
Con esta manifestación de malestar por parte del Gobierno vasco, sube la presión para que el presidente español, Pedro Sánchez, clarifique y tercie en esta negociación. El traspaso tendría que haber llegado el 31 de octubre de 2020, y ahora se espera que quede resuelto el próximo otoño. Con la encomienda de gestión, la comunidad autónoma solo asume las funciones iniciales del proceso, Lanbide recibe las solicitudes ciudadanas y las tramita, pero tiene que enviarlas a la Seguridad Social para que autorice los pagos. Esto genera un enredo absoluto de ventanilla a ventanilla y retrasa los trámites, además de que, políticamente, supondría aceptar un traspaso incompleto en asistencia social, una competencia exclusiva en virtud del artículo 10.12 del Estatuto y donde, además, Euskadi ya gestiona la Renta de Garantía de Ingresos.
Fuentes del Ministerio de Iceta contactadas por este periódico evitan polemizar con Escrivá, insisten en que son “un único gobierno”, y atribuyen estas fricciones a las tensiones propias de unas negociaciones que se dilatarán en el tiempo y podrían demorarse unos meses más. Este bloqueo tensiona la relación con el PNV, socio preferente de Sánchez, y también arroja una imagen de descoordinación en los mensajes que perjudica al propio Gobierno español. Si no se reconduce, complica, además, el traspaso futuro de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
Fuentes del Departamento de Trabajo y Empleo que dirige la socialista Idoia Mendia confirman a este periódico que la oferta también es “absolutamente inasumible” para ellos, porque no contempla la gestión íntegra que planteó la vicelehendakari segunda desde el primer momento. Garamendi está trabajando la contraoferta del Gobierno vasco y apuesta por seguir dialogando. El departamento de Mendia cree que la oferta es inaceptable por cuestiones prácticas porque complica las gestiones a la ciudadanía, y por cuestiones políticas, porque supone aceptar una transferencia a medias.
La nota de la consejería de Garamendi cree que Madrid plantea una oferta de “dudosa legalidad y lesiva para los intereses de Euskadi”. Considera que genera un “daño” a Euskadi porque el Estado se reserva funciones y retiene la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, “en contra de lo que dispone el Estatuto de Gernika, en su artículo 18.2”. La oferta de Madrid establece una relación de “dependencia jerárquica” respecto al Estado, y abre la puerta a que el Gobierno vasco “pueda ser inspeccionado y fiscalizado” por España. Además, en este traspaso se están incumpliendo todos los plazos pactados en el real decreto ley 20/2020.
Garamendi muestra su “sorpresa” tras haber planteado durante meses “una transferencia íntegra y no una encomienda de gestión”. Avisó de que solo aceptará un traspaso completo, y aclaró que Iceta se comprometió con el traspaso completo, “sin recortar funciones ni servicios, tampoco la parte económica”, de manera que Euskadi “asumiría todo el proceso de principio a fin, y tramitaría, autorizaría y concedería la prestación”. El Gobierno vasco culmina su nota sin romper la negociación, y apostando por seguir dialogando, aunque la pelota queda en el tejado de Pedro Sánchez ante el bloqueo actual.
En unas declaraciones posteriores enviadas a los medios de comunicación, Garamendi aseguró que el viernes llegó la propuesta y que “resulta incoherente desde la perspectiva del concepto de la transferencia, y también del Concierto Económico”. “No podemos aceptar dicha propuesta. Las funciones que se trasladan no son la totalidad, y no se traspasan tampoco medios materiales ni personales. Léase, no estamos hablando del traspaso integral del IMV. Además, el concepto que deberíamos utilizar, que viene recogido en el Estatuto y la Constitución, debería ser el de la transferencia. Y la propuesta que se traslada lleva de alguna manera a la dependencia jerárquica a la Administración del Estado”, dijo, en alusión a su “facultad de fiscalización” según la oferta de Madrid. Rechazó ser una “ventanilla” o que Lanbide sea un mero intermediario. Apostó por seguir dialogando.
“No podemos aceptar la propuesta; lleva a la dependencia jerárquica del Estado”
Consejera de Autogobierno
