- La falta de consenso entre los dos ponentes designados inicialmente por el CGPJ para elaborar su informe al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática ha obligado a este órgano a designar a dos vocales diferentes para tratar de desatascar la situación, que ha requerido además pedir una nueva prórroga al Gobierno español. Según adelantó ayer Infolibre, las posturas enfrentadas por los inicialmente designados, el progresista y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta y José Antonio Ballestero, elegido por el PP y perteneciente al ala conservadora del órgano de gobierno de los jueces, ha impedido sacar adelante este asunto a mediados de mayo, que es cuando estaba previsto.

Ambos trabajaban sobre un informe realizado por el Gabinete Técnico del Consejo, pero mientras el primero proponía validar el proyecto añadiendo algunas puntualizaciones a dicho informe, Ballestero se mostraba mucho más crítico, incluso con la postura técnica, por lo que el consenso era imposible.

Por ello, la Comisión Permanente del pasado jueves nombró nuevos ponentes, que ahora serán Roser Bach, designada a propuesta del PSOE, y el también magistrado del Tribunal Supremo Wesceslao Olea, cuyos perfiles son más moderados y con los que se espera un desbloqueo. Ambos pueden optar por un enfoque técnico que las mejores previsiones sitúan en junio.

Esta ley contempla la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo; la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; o la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos, además de la significación del Valle de los Caídos.