La comisión de abusos policiales escucha 45 testimonios y recibe el 'caso Zabalza'

Los expertos se han reunido 23 veces y normalizan su actividad tras el aval de dos sentencias del TC a la ley vasca

26.03.2021 | 00:51
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en la presentación del documental de Mikel Zabalza.

El Tribunal Constitucional ha tumbado en dos sentencias los recursos que presentaron PP y Ciudadanos contra la ley vasca que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999, y ese espaldarazo ha legitimado al Gobierno vasco para seguir adelante con los trabajos. La comisión de valoración de las solicitudes, conformada por expertos como el reputado forense Paco Etxeberria, está realizando una labor minuciosa para valorar las peticiones ciudadanas y la información que recibe, y para reconocer las vulneraciones graves de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política. En una respuesta parlamentaria por escrito al grupo PP+C's, a la que ha tenido acceso DEIA, el Gobierno desvela que la comisión se ha reunido 23 veces desde 2018, y ha recabado 45 testimonios.

Esto significa que se ha profundizado en un buen número de expedientes y, además de haber recibido un escrito con el relato de los hechos y la documentación disponible al respecto, la comisión se ha dirigido a esas personas para pedirles más información y llevar a cabo entrevistas. Se han realizado, en consecuencia, 45 entrevistas. Se sigue trabajando en estos expedientes y, por tanto, no se ha dictado ninguna resolución de reconocimiento. Por ello, no se ha tramitado ninguna indemnización económica, tal y como precisa el texto.

La tarea toma cuerpo una vez despejado el obstáculo de los recursos judiciales. Pero será un proceso largo. El Gobierno vasco fijó unos plazos amplios para presentar solicitudes, de dos años que han sido ampliados unos meses hasta diciembre de 2021 por el coronavirus; y de dos años para resolverlas. Concede una relevancia vital a la reparación del agravio histórico que han sufrido estas víctimas y, por un lado, no quiere que a alguna se le pase por alto el proceso por darle carpetazo rápido y, por otro, quiere que los expedientes se resuelvan de la manera más completa, con toda la documentación disponible y recabando datos administrativos o médicos.

La respuesta, tramitada por el Parlamento y enviada ya al PP, añade que se han recibido 917 solicitudes. La propia respuesta puntualiza que 659 son del periodo ordinario (es decir, son estrictamente casos amparados por la ley 1978-1999), y los restantes son solicitantes que se quedaron rezagados en el decreto 1960-1978 y que también tienen cobertura en esta normativa (89 solicitudes son del primer periodo extraordinario, y 169 del segundo). Cada una de ellas da lugar a la apertura de un expediente.

Según ha podido saber este periódico, entre esas 917 solicitudes figura la de los allegados de Mikel Zabalza, el joven conductor de autobuses que, según apuntaban cargos de la Guardia Civil en las conversaciones reveladas recientemente por Público, murió en 1985 a causa de las torturas que padeció en el cuartel de Intxaurrondo. El Estado español ha construido una verdad oficial que ha extendido un espeso manto de niebla sobre los hechos y ha provocado un sufrimiento añadido a la familia de Zabalza, asegurando que murió ahogado en el río Bidasoa en un supuesto intento de fuga cuando iba a conducir a las fuerzas de seguridad a un zulo de ETA. En la comunidad autónoma vasca y Nafarroa ya existe un consenso político y social muy amplio que reconoce lo sucedido, pero una reparación oficial e institucional contribuiría a preservar la dignidad de su memoria. Este caso está en la lista de testimonios pendientes de recabar y de incorporarse a los 45 que ya se han recogido. En paralelo, el PNV ha redoblado la presión en Madrid con la exigencia de que se desclasifiquen los secretos oficiales sobre este caso y se inste a la Fiscalía a reabrir la investigación.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, responde al parlamentario Carmelo Barrio, además, precisando en qué días se han realizado las reuniones. En 2018 se llevaron a cabo tres (10 de julio, 30 de octubre y 12 de noviembre) y en 2019 se celebró una el 11 de enero. A partir de 2020, el año en el que llegaron los espaldarazos del Tribunal Constitucional, su actividad comienza a tomar velocidad: se produjeron 12 reuniones, el 26 de junio; 17, 18 y 25 de septiembre; los días 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre; el 6 de noviembre y las jornadas del 3 y 18 de diciembre. Este año, se han producido siete: 21 y 29 de enero; 11, 19 y 25 de febrero; y 12 y 18 de marzo.

el debate
 

La reparación de los abusos cuenta con un importante consenso político que impulsa que siga adelante, con la excepción de PP+C's, que exige presentarse con una sentencia judicial en la mano para conseguir el reconocimiento como víctima. Además de Vox, algunos sindicatos policiales, como el SUP, han participado de esa estrategia, han sido muy beligerantes y han tratado de frenar este proceso con el argumento de que se pretende el descrédito generalizado de las fuerzas de seguridad. El Tribunal Constitucional ha ofrecido argumentos cristalinos para rechazar esas objeciones: puntualiza que el proceso es administrativo y no penal, de manera que se centra en ofrecer reparación a las víctimas y reconocer que existe un daño, y no busca señalar culpables, asignar culpas individualizadas o indagar los hechos. Las víctimas serán reconocidas, y podrán pedir indemnizaciones en casos como fallecimientos e invalidez permanente.

respuesta al pp

Solicitudes recibidas. Un total de 917: 659 en periodo ordinario (para la ley 1978-1999), y el resto, en plazo extraordinario (rezagados del decreto 1960-1978).

Testimonios. 45 entrevistas.

Resolución. No se ha dictado ninguna y, por tanto, no se han tramitado indemnizaciones.

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