El Supremo abre causa contra Manu Ayerdi por malversación

Investiga al consejero navarro de Economía en relación a la concesión de préstamos a la empresa Davalor

15.12.2020 | 00:36
El consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Nafarroa, Manu Ayerdi.

El Tribunal Supremo ha abierto causa penal a Manu Ayerdi, consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Nafarroa, por la concesión de préstamos a la empresa Davalor entre 2015 y 2017. El alto tribunal entiende que esta actuación, que supuso la pérdida de 2,6 millones de euros de dinero público, podría constituir un delito de prevaricación y malversación de fondos.

Con esta decisión, rubricada por el juez Marchena el 1 de diciembre, el Supremo, si bien reconoce haber realizado una valoración "muy provisional" del asunto, asume la competencia respecto a la querella interpuesta por UPN el pasado 2 de junio y asegura que es necesario investigar las actuaciones de Ayerdi, que entre 2015 y 2019 fue vicepresidente del Gobierno de Nafarroa y que mantiene ahora su condición de aforado. Davalor, que se dedicaba a la fabricación y venta de máquinas de análisis visual, fue declarada en concurso de acreedores en julio de 2018, con lo que se da por perdido tanto el dinero que aportó el Ejecutivo navarro como el de cientos de pequeños ahorradores, que participaron vía crowdfunding y que fueron seducidos por la posibilidad de multiplicar su inversión.

Ayerdi no dimite, al menos de momento. Y no lo hace, según explicó el Gobierno foral en una nota remitida horas después de conocerse el auto, hasta que no se admita la querella y sea oficialmente investigado. El auto conocido ayer no declara todavía "la admisibilidad de la querella y la consiguiente declaración", sino que espera que el instructor realice su labor para tomar una decisión. Este medio intentó ponerse en contacto ayer con el Departamento de Desarrollo Económico para conocer la posición personal de Ayerdi, si bien no obtuvo respuesta a los requerimientos.

Fuentes jurídicas consideraban sin embargo el lunes por la tarde que Ayerdi ya se encuentra en situación de investigado por el Supremo, algo que se confirmará en los próximos días, una vez que el instructor llame a declarar a Ayerdi, tal y como solicita UPN en su querella. Ignacio del Burgo, abogado responsable de esta denuncia, calificaba ayer como "de primero de Derecho" lo que el Gobierno que preside María Chivite cuestionaba en su nota. "Ayerdi se encuentra en condición procesal de investigado, al haber asumido el Supremo la querella", dijo.

Los hechos que investigará el Tribunal Supremo se remontan a finales del verano de 2015. En septiembre de aquel año, Ayerdi, entonces vicepresidente primero del Gobierno navarro, consejero de Desarrollo Económico y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (Sodena), ordenó la concesión a Davalor de un préstamo de un millón de euros. Y lo hizo, agrega la querella, sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia.

Primer aval rechazado
 

De hecho, la querella relata que en el año 2015, antes del cambio de Gobierno, Juan José Marcos, administrador y principal accionista de la empresa, acudió a Sodena para solicitar un aval de cuatro millones de euros que le fue rechazado salvo que lograse captar otros 11 millones de euros de inversores profesionales. "Condición que nunca llegó a acreditar", señala el auto.

Todo cambió, sin embargo, con el cambio de Gobierno y la llegada de Ayerdi al Ejecutivo y a la presidencia de Sodena. Según la querella, Juan José Marcos, a través de la intermediación del "señor Baztarrika Navarra, como consultor de empresas" contactó directamente con el querellado. "Tras dos reuniones –en las que solo estuvo Ayerdi– el Gobierno navarro aprobó, en la sesión de septiembre de 2015 instar a Sodena para que aportara el apoyo correspondiente a Davalor.

Asimismo, los querellantes denuncian que, pese a ser conocedor de la falta de depósito de las cuentas anuales por parte de Davalor y de las deudas que la entidad mantenía con la Hacienda foral y la Seguridad Social (causantes de la denegación de subvenciones en los años 2016 y 2017), Ayerdi no sólo no instó el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos a la empresa.

El primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, de 600.000 euros; y los tres últimos, concedidos los días 11 de abril, 26 de mayo y 31 de agosto de 2017, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos.

Según los querellantes, el Gobierno de Nafarroa en junio de 2015 declaró el proyecto de Davalor como de "interés foral", lo que según la Ley Foral le permitía tramitar el apoyo financiero por el procedimiento de urgencia. Tampoco se recabó la autorización expresa del Parlamento navarro para la concesión del préstamo.

La querella añade que Davalor, en lugar de impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo, destinó el dinero a abonar una importante cantidad a un acreedor, así como a financiar necesidades urgentes e inmediatas derivadas de gastos de personal, cuotas atrasadas a la Seguridad Social y deudas de la sociedad.

La entidad fue declarada en concurso, instado por un acreedor en julio de 2018, que fue declarado culpable por no haberlo solicitado en el plazo de los dos meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia.

'CASO DAVALOR'

upn pide su cese inmediato

Sin esperar al procedimiento. La causa penal abierta por el Tribunal Supremo contra Manu Ayerdi estuvo muy lejos de levantar una tormenta política. De hecho, solo los portavoces parlamentarios valoraron el auto. Lógicamente, el más beligerante fue el presidente de UPN, Javier Esparza. El dirigente del partido que firmó la querella contra el consejero de Desarrollo Económico exigió a la presidenta navarra María Chivite el cese inmediato de Ayerdi sin esperar a que el procedimiento judicial, que se encuentra en una fase de valoración provisional, concluya si hubo sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en los préstamos a Davalor.