Ya no hay piedras en el camino. El Gobierno vasco y el resto de comunidades autónomas en general disponen de toda la artillería para luchar contra la expansión del coronavirus sin exponerse a que los tribunales tumben sus medidas. La salida del laberinto la encontró el lehendakari Urkullu pidiendo al presidente español que decretara un estado de alarma como paraguas en todos los territorios para poder limitar la movilidad de las personas, pero dejando la gestión a las autonomías. Tras los respaldos movilizados por Urkullu en otras comunidades, Pedro Sánchez recogió el guante decretando para todo el Estado una alarma que pretende que dure seis meses, hasta el 9 de mayo si logra el aval del Congreso de los Diputados, y que brindará cobertura a las comunidades.

La principal consencuencia es el final del ocio nocturno en todo el Estado a excepción de las Islas Canarias, con la prohibición de circular por la calle salvo causas de fuerza mayor o trabajo entre las 23.00 y las 6.00 horas, aunque las comunidades tendrán margen para decidir que comience una hora antes o después (22.00 o 0.00), al igual que su final (5.00 o 7.00). Es obligatorio para todos, pero era de por sí una petición muy generalizada, y el propio Gobierno vasco llevaba días deslizando que iba a aplicarla porque es clave contra el virus. Se movía entre las 22.00 o las 23.00 horas. La vigencia en todo el Estado pretende evitar que haya zonas con fiesta nocturna y se produzca un peregrinaje y movilidad hacia ellas. Aun así, esta obligación aparece solo en el decreto que tendrá vigencia los próximos 15 días, y podría ser que el texto de la prórroga hasta mayo matice algún extremo dando margen a las autonomías. Ayer mismo se activaron las restricciones con la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En los otros dos puntos, se deja libertad y solo se ofrece la posibilidad de poner en marcha restricciones que quedan al criterio de cada autonomía en función de su situación. Podrán activarlas si quieren, y suspenderlas cuando lo vean necesario, fijando solo como criterio que, al menos, dejen pasar siete días de vigencia. Los puntos que desgranó Sánchez tras el Consejo de Ministros extraordinario se ajustan como un guante a las necesidades que planteó Urkullu. El Gobierno vasco podrá convertir en obligatorias dos medidas que hasta ahora eran recomendaciones. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco había rechazado su intención de prohibir las reuniones de más de seis personas, pero Sánchez ofrece el estado de alarma para limitar los encuentros públicos o privados precisamente a un máximo de seis personas salvo convivientes e, incluso, las comunidades podrán reducir el número. En cuanto a las manifestaciones, se podrán prohibir si no cumplen la distancia mínima.

Sánchez faculta a las comunidades para decidir si cierran las fronteras de su territorio al completo o en un ámbito inferior, como una localidad o un barrio, lo que pareció un guiño a la Comunidad de Madrid de la popular Isabel Díaz Ayuso. El anuncio da cobertura para que sea obligatorio no salir ni entrar de los municipios vascos con más de 500 contagios por 100.000 habitantes en los últimos catorce días. El Gobierno vasco ofrecerá más detalles de las medidas que puede endurecer.

Sánchez se cuidó de matizar varias veces que no plantea lo mismo que en el confinamiento duro y unilateral de marzo. Por un lado, puntualizó que este estado de alarma es simplemente una cobertura para que las autonomías puedan actuar, y que las autoridades delegadas serán los presidentes autonómicos, a los que solo pide coordinación dentro del Consejo Interterritorial de salud. Por otro lado, se trata de evitar el cierre en casa.

Prórroga

La vigencia inicial del estado de alarma sería de 15 días, hasta el 9 de noviembre y, a partir de ahí, el Gobierno español debe solicitar una prórroga al Congreso de los Diputados. El presidente español va a pedir mañana una de seis meses, hasta el 9 de mayo. Nunca antes en la pandemia había solicitado semejante extensión. Espera contar con apoyos del nacionalismo vasco y catalán y de Ciudadanos porque Euskadi, Catalunya, varias comunidades del PSOE y también de C’s han defendido la cobertura del estado de alarma. Fuentes de la Ejecutiva jeltzale consultadas por DEIA no quisieron desvelar el sentido del voto a la espera de estudiar este decreto y uno próximo para la prórroga de seis meses, aunque pusieron en valor que lo dicho ayer va en línea con lo solicitado por Urkullu, y ha habido comunicación permanente. El PP ha evitado un respaldo expreso y desvelará hoy su respuesta pero, salvo que algo se tuerza, su apoyo ya no sería imprescindible. Sánchez anunció una “rendición de cuentas quincenal” en el Congreso por parte del ministro Illa en Comisión, y el real decreto conmina a los presidentes autonómicos a hacer lo mismo en sus parlamentos.

Evitar el peregrinaje del ocio

En una comparecencia marcada por el criterio de que sean los presidentes autonómicos las autoridades delegadas, la apuesta por las restricciones nocturnas fue la única medida obligatoria en sentido estricto que aprobó Sánchez para todo el Estado salvo Canarias. En ese terreno sí existe un punto de homogeneidad, pero no hubo grandes pegas por parte de las comunidades en la medida en que, al menos estos primeros quince días, pueden comprender y dar por bueno que se cierre el ocio en todos los territorios para no propiciar un éxodo de ciudadanos desde las zonas con restricciones hasta las autonomías donde se pudiera organizar una fiesta. Es la única espina clavada que puede quedar en el mensaje de la cogobernanza, pero lo contrario hubiera supuesto fomentar la movilidad a los territorios con carta blanca.

La referencia a los seis meses de estado de alarma es orientativa, no es inamovible. Si la emergencia sanitaria se superase, se levantaría antes. La duración hasta el 9 de mayo se lleva por delante muchas festividades como el puente de la Constitución española, Navidad, la Nochevieja, Reyes, los carnavales, la Semana Santa o el 1 de mayo. Limitar la actividad nocturna, sobre todo en el periodo navideño, dejaría unas imágenes inéditas. Es probable que la apuesta por los seis meses pretenda concienciar, dar un empujón para esforzarse en las próximas semanas y doblegar la curva del virus, de manera que finalmente no haya que agotar los seis meses. Aun así, Sánchez argumentó esa vigencia temporal en que serán unos meses con un clima frío y habrá que estar a resguardo del virus.

Quedarse en casa

Sánchez puso en valor que el reto es evitar un cierre total en las casas porque “paraliza el país con un coste económico y social”. Matizó que el hecho de que no se fije esa obligación por ley no quiere decir que no sea recomendable. De hecho, abogó literalmente por “quedarnos en casa lo más posible”. Recalcó que las competencias sanitarias están en manos de las autonomías y por ello ha aprobado la alarma porque ellas lo pidieron (Euskadi, Asturias, Extremadura, La Rioja, Catalunya, Nafarroa, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Baleares y la Ciudad de Melilla). Vio razones “plenamente justificadas” y una situación “extrema” donde la incidencia acumulada está en 362 casos por 100.000 habitantes y hay 34.752 muertos. Justificó las restricciones en que los contagios se dan entre jóvenes y se fijó el reto de bajar a 25 casos por 100.000 habitantes.

LAS MEDIDAS

Obligatorio. Prohibición de moverse por la noche en todo el Estado, salvo para comprar medicamentos, acudir al trabajo, volver a casa o cuidar a mayores y menores de edad. La restricción se aplica en todo el Estado salvo las Islas Canarias, con una situación epidemiológica mejor. Sánchez fijó el cierre entre las 23.00 horas y las 6.00 horas, pero las comunidades podrán decidir que empiece y acabe una hora antes o una hora después. Al menos en este primer decreto y a expensas de conocer el de la prórroga de seis meses, las comunidades solo podrán regular el límite horario, pero no podrán levantar el toque de queda nocturno, al que Sánchez quiso referirse como “restricción de la movilidad nocturna” para evitar que tenga un tono bélico. Además, no se encargará al Ejército español que vele por ello, sino que quedará en manos de las fuerzas de seguridad, los cuerpos autonómicos y los locales.

Cierre perimetral. Las comunidades podrán decidir si cierran sus fronteras. Además de eso, podrán decretar cierres de ámbito más reducido en territorios, municipios o barrios.

Reuniones. También quedará al criterio de cada comunidad prohibir las reuniones de más de seis personas (salvo convivientes) e, incluso, podrán reducir ese número. Podrán también impedir manifestaciones si no se garantiza la distancia. La limitación no afecta a las reuniones en el trabajo.

Vigencia. El primer decreto va a durar 15 días, hasta el 9 de noviembre. Sánchez va a pedir una prórroga de seis meses que podría levantarse antes.