Quien haya ejercitado su memoria en las últimas horas habrá recordado que fue precisamente el lehendakari quien puso sobre la mesa en Euskadi la posibilidad de implantar un toque de queda nocturno para combatir el coronavirus, en un artículo publicado durante el mes de agosto. Sin embargo, esa posibilidad no se ha plasmado en la comunidad autónoma porque la evolución de los contagios no ha llegado al punto de tener que tomar esa decisión, y otras medidas intermedias y la capacidad de rastreo de los casos han permitido revertir en varias ocasiones el ascenso de la infección. En paralelo, el criterio del Gobierno vasco hasta la fecha ha sido apostar por bastarse con sus propias competencias, sin pedir al Gobierno español que activara el estado de alarma como paraguas. Fuentes de Lehendakaritza consultadas por DEIA confían en que sus medidas para los próximos quince días permitan atajar la situación sin recurrir a males mayores, pero aclaran que en una situación tan cambiante como la actual no se puede descartar nada. Reconocen que el virus se encuentra en una curva ascendente en la comunidad autónoma vasca, y que los datos no son optimistas. En este momento, el Gobierno de Urkullu está pendiente de la evolución de los contagios y de la decisión que tome el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre sus medidas para el nivel 4 de alerta sobre 5.
En este contexto llegaba ayer el anuncio del Gobierno español, que baraja un estado de alarma para instaurar un toque de queda en todas las comunidades o en parte del territorio estatal, un anuncio muy vinculado a la situación en la Comunidad de Madrid. En el caso vasco, será vital la decisión que tome el superior de justicia a finales de semana sobre las medidas vascas, que son otras. La consejería de Salud Gotzone Sagardui ha sometido al escrutinio de los jueces la prohibición de las reuniones de más de seis personas y otras medidas como las limitaciones de los aforos al 50% y el cierre de la hostelería a las 00.00 horas. De momento, ha recibido el aval de la Fiscalía.
Si el tribunal da luz verde a estas medidas, concederá margen a la comunidad autónoma para tratar de revertir la situación en los próximos quince días con esas medidas, sin contemplar otras más restrictivas ni sondear el toque de queda y, por extensión, sin plantearse si Euskadi puede aplicarlo con su propio marco jurídico o le hace falta la cobertura del estado de alarma. El debate no se abriría, pero tampoco puede decirse que esta conclusión esté grabada en piedra porque el análisis de la situación es diario, y el Gobierno vasco quiere tomar decisiones y hacer lo posible para evitar un confinamiento total como el de marzo.
En principio, la ley vasca de gestión de emergencias faculta de manera expresa al Gobierno de Urkullu para alejar a los ciudadanos de los lugares de peligro y establecer confinamientos, lo que abre la puerta al toque de queda o los cierres perimetrales. Urkullu, y el PNV, que es quien debería aportar sus votos en el Congreso de los Diputados para decretar un estado de alarma, siempre han defendido que basta con las competencias vascas y con la legislación ordinaria, sin recurrir a un escenario excepcional. Es cierto que el PNV avaló las prórrogas del estado de alarma apelando a la responsabilidad, pero también abriendo el paso a un escenario de cogobernanza donde las competencias quedaron en los últimos momentos en manos de los presidentes autonómicos como mando único. Todo quedará sometido al aval de los tribunales.
los parámetros
La incidencia acumulada en la comunidad autónoma en las últimas dos semanas no alcanza los 400 casos por 100.000 habitantes, aunque en varios municipios ya supera la cifra crítica de los 500, lo que sitúa a esas localidades en el nivel de alerta 5. No obstante, el Gobierno vasco no va a tomar como referencia únicamente un solo parámetro, sino los tres criterios, que contemplan también el índice de reproducción del virus y la tasa de ocupación de las UCI.
A partir de ahí, la prudencia es la consigna del Gobierno vasco, que no quiere entrar a valorar la propuesta del Ejecutivo español hasta que se confirme y se haga oficial en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud con todos los consejeros autonómicos. Recuerda que hace unas semanas ya se anunció un pacto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno español que fue desmentido al día siguiente, y ahora no quiere valorar un anuncio que pueda convertirse en humo por un último golpe de mano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ante el Ejecutivo estatal.
Reacción. El presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet, avisó ayer de que decretar el toque de queda es algo que "se tiene que decidir en Catalunya" a través del Procicat para su aplicación en la comunidad. En una rueda de prensa desde el Parlament, Batet se mostró convencido de que el Govern, a través del Plan de Protección Civil de Catalunya y consultando a los expertos, "tomará las medidas oportunas para salvar vidas y salvar la economía". Defendió la actitud del Govern en los meses del estado de alarma y puso en valor que siempre han tomado como referencia las medidas que se han adoptado en Europa.
