La batalla que se ha librado durante la última semana entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo español en torno a las medidas a adoptar en ese territorio contra la pandemia ha derivado en un pulso que continúa sobre las nuevas restricciones establecidas por el Ministerio de Sanidad, así como en el divorcio total entre el PP de Pablo Casado y el presidente Pedro Sánchez. Es lo que se traduce de las gruesas palabras que el líder popular pronunció ayer tras la aparente culminación del conflicto, en las que acusó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de no atreverse a firmar la orden con las medidas frente a la segunda oleada del coronavirus “porque sabe que puede tener responsabilidades y a lo mejor lo que hace es atacar al PP para ser candidato en Cataluña”. Además, la Comunidad de Madrid acata, pero hoy mismo va a recurrir en la Audiencia Nacional y pedirá medidas cautelares, con el objetivo de retrasar la entrada en vigor de las restricciones prevista en principio para esta medianoche.El pleno de la Asamblea de Madrid fue ayer el escenario en el que se visualizó el abismo entre los partidos en torno a cuáles son las medidas más apropiadas para combatir una pandemia que está azotando especialmente a la capital del Estado. En dicho marco, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dijo que cumplirá “de manera estricta” la orden del Gobierno que supone el cierre del perímetro de la capital y de una decena de localidades, pero advirtió de que la llevará “a los tribunales para defender los intereses legítimos de los madrileños”. A la noche se confirmó el recurso.

El Ministerio de Sanidad y una mayoría de comunidades autónomas, incluida Euskadi, acordaron en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado miércoles nueve medidas para controlar la expansión del covid-19, entre ellas la de restringir las entradas y salidas en municipios de más de 100.000 habitantes con mayor incidencia de contagios, lo que afectaría sobre todo a las grandes localidades de la Comunidad de Madrid. El acuerdo fue publicado ayer en el BOE, aunque fuentes del Ejecutivo citadas por Efe aseguraron que la orden ya fue comunicada hace dos noches a las comunidades y entrará en vigor a las 48 horas de esa notificación de Sanidad a los gobiernos autonómicos, es decir, esta misma noche.

En la sesión de la Cámara madrileña, Díaz Ayuso cargó contra el Ejecutivo de Sánchez y afirmó que acatará “todas las órdenes” de Moncloa porque no es “como sus socios independentistas”. “Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía”, subrayó, y explicó que acudirá a la Justicia para que las medidas “se ajusten a la normativa y a la realidad” y sean “objetivas y justas”.

En su papel habitual de contrapeso de Ayuso, pese a formar parte de su Gobierno, el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado (C’s), afirmó que “ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o los tribunales para salvar vidas”. Agregó en Twitter que “la búsqueda de consensos no es una opción, es una obligación moral en estos momentos. La división cuesta vidas y empleos. No dejaré de defender que la unidad, los acuerdos y el respeto a la ley son el único camino para salir de esta crisis”.

Cruce de acusaciones

Pero la posición del PP fue ayer de ofensiva total contra el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos tras tragarse el sapo de la orden de Sanidad con nuevas restricciones, en contra de la que votó la Comunidad de Madrid junto a Galicia, Andalucía, Murcia, Ceuta y Catalunya el pasado miércoles. Tras asegurar que la acatarán porque son un partido “responsable y de Estado”, su presidente, Pablo Casado, calificó la resolución de “injusta y a la carta contra el PP”. Cargó por ello contra el Gobierno “sectario” de Sánchez “a la hora de tomar medidas que perjudiquen al PP por razones partidistas”.

Esta beligerancia fue la nota común en el PP, y así su secretario general, Teodoro García Egea, aseguró que “ahora el señor Illa publica un BOE en el que le falta decir que lo que hay que confinar son las ciudades que empiezan por M y tienen una presidenta autonómica que se llama Isabel”. El propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo que las limitaciones que recoge el BOE tras el Consejo Interterritorial de Salud “presentan serias dudas de legalidad”.

La contraofensiva desde el Gobierno español fue total con ministros como la vicepresidenta Carmen Calvo, la titular de Defensa, Margarita Robles, o el de Transportes, José Luis Ábalos, instando a la Comunidad de Madrid a acatar las restricciones. Pedro Sánchez envió desde Bruselas un mensaje a todos los gobiernos autonómicos y municipales, a los que pidió “alejar” la pandemia del “debate partidista”. “Solo hay un enemigo, el covid”, añadió en una declaración en la que no citó expresamente a la capital del Estado.