Ley de Abusos Policiales

El Gobierno vasco destaca que la sentencia permite avanzar en memoria y convivencia

Jonan Fernández cree que el TC les legitima para reconocer a las víctimas policiales

23.07.2020 | 00:23
Jonan Fernández en su comparecencia de ayer

bilbao – Tras seis años de intensa batalla política y judicial, el Gobierno vasco celebra la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre la denominada ley de abusos policiales que avala la capacidad del Ejecutivo de Gasteiz para reconocer y reparar a las víctimas de torturas o de excesos policiales en el periodo entre 1978 y 1999. Jonan Fernández considera que el fallo judicial propicia una oportunidad para profundizar en la convivencia y la memoria.

El secretario de Convivencia, Derechos Humanos y Cooperación considera la sentencia una buena noticia para las víctimas a las que va dirigida la norma y señaló que "nos alegramos sinceramente por ellas". El Constitucional ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados de Ciudadanos en el Congreso y con su resolución despeja el desarrollo de la ley, aunque todavía falta por resolver un último recurso interpuesto en este caso por varios senadores del PP.

Esta impugnación se nutre de los mismos argumentos que el recurso de Ciudadanos por lo que, previsiblemente, tendrá el mismo destino y no fructificará.

La resolución judicial supone un contundente espaldarazo al Gobierno vasco que se ve ahora aún más legitimada para proseguir en su tarea de reconocer a las víctimas de la violencia de motivación política en Euskadi, en este caso la desplegada por los cuerpos policiales en sus actuaciones en sus dependencias o en el espacio público, así como por particulares.

Tras recordar que la Ley de abusos policiales no tiene como objetivo determinar un delito sino reconocer la existencia de víctimas y brindarles una reparación, Fernández señaló que el TC ampara la comisión de valoración que estudia ya las solicitudes de víctimas que quieren acogerse a esta ley. "El marco, el procedimiento y la comisión de valoración previstas para el reconocimiento y reparación de las víctimas son plenamente constitucionales en los términos establecidos por la ley", declaró en la comparecencia de prensa ante los medios ayer en Gasteiz. Esta comisión de valoración está formada por expertos de diferentes ámbitos, entre ellos por el reconocido forense Francisco Etxeberria. En ningún caso podrá actuar si los casos están inmersos en causas judiciales.

Las consecuencias de esta resolución van, a juicio de Fernández, más allá de lo judicial y proyectan a futuro una perspectiva ética. "La sentencia marca un punto de inflexión y una oportunidad para profundizar en una convivencia basada en el reconocimiento de las víctimas, en la memoria crítica de lo que nunca debió ocurrir y nunca debe repetirse, y en una apuesta de futuro basado en el respeto al pluralismo y los derechos humanos.", apostilló.

El Gobierno vasco ha estado desde hace unos meses ejecutando la ley "con total seguridad jurídica", a pesar de los recursos de Ciudadanos y PP.

Comisión de valoración. Ya se han registrado cerca de 300 solicitudes de víctimas de abusos policiales entre 1978-1999 que están siendo analizadas por la comisión de valoración. Los solicitantes deben presentar entre otros documentos aquellos que acrediten las circunstancias en las que se produjo la muerte o el hecho que provocó la incapacidad, como informes policiales, gubernativos, judiciales o procedentes de otro registro o fuente referentes a las circunstancias y al lugar de los hechos.