¿Entiende que la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social se aplace hasta después del Pacto de Toledo?-Estamos hablando de un cronograma que intente ser realista. No porque el deseo sea una transferencia inmediata eso va a ser posible. Somos conscientes de las dificultades. Es importante para el conjunto de la población pensionista que podamos plantear cerrar un acuerdo en el Pacto de Toledo y que eso dé pie a un análisis del sistema público de pensiones en su realidad, y procedamos después a la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
¿A qué atribuye que sea posible ahora el traspaso cuando históricamente ha habido un escollo? ¿Le han dado un impulso político usted y el presidente Sánchez?
-Hay una insistencia con Pedro Sánchez y con todos los gobiernos españoles para que cumplan el Estatuto. También hay un mandato del Parlamento Vasco. Además de eso, hay que poner en valor la existencia de una sentencia del Tribunal Constitucional que avala la posición de las instituciones vascas.
Aunque la transferencia se refiera en sentido estricto a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, ¿no hay ningún recoveco o un resquicio para completar al menos algunas de las pensiones desde el Gobierno vasco?
-Bueno, completar las pensiones es lo que estamos haciendo mediante una política de ayudas sin tener competencia para ello. Esto ha de quedar bien claro. Las instituciones vascas no tenemos competencias en ese ámbito. Estamos hablando de la gestión del régimen económico, no de la transferencia de la Seguridad Social. Lo que desde hace años estamos haciendo es ofrecer prestaciones y ayudas para las personas más necesitadas en el ámbito del colectivo de pensionistas y viudas. Vamos a seguir trabajando, pero sabiendo cuál es nuestro límite en el ámbito competencial.
En cualquier caso, una vez se efectúe esta transferencia, ¿el lehendakari recomendaría como segundo paso que en el debate del nuevo estatus se planteara un sistema vasco de pensiones propio?
-Este es un debate interesante, partiendo de la apuesta permanente por un sistema público de pensiones. En el futuro habrá de abordarse toda esa reflexión de manera global y concreta, en cada uno de los ámbitos en el Estado español.
Pero en el futuro, no de manera inmediata...
-En este momento, mientras se da esta legislatura y en lo que se ha venido a plantear en la Ponencia de Autogobierno, de lo que estamos hablando es del cumplimiento del Estatuto de Autonomía como autogobierno reconocido hasta el momento. ¿A futuro? Lo que las fuerzas políticas decidan.
En cuanto a la transferencia de Prisiones, ¿el Gobierno vasco la quiere para impulsar permisos de salida o beneficios penitenciarios?
-Son dos cosas diferentes. En este momento, no tiene ninguna razón de ser confundir que nosotros aspiremos a gestionar los centros penitenciarios existentes en la comunidad autónoma, y pensar que eso tiene que ver con una legislación penitenciaria diferente a la existente en este momento. Nosotros lo que estamos diciendo es: cúmplase la ley, tanto en el Estatuto de Autonomía como en la legislación penitenciaria, que no habla del arrepentimiento para acercar a las personas privadas de libertad a cárceles más cercanas a su lugar de origen o de residencia. Se ha constatado que la política de alejamiento no ha facilitado el cambio de estrategia en las personas condenadas por colaboración con ETA en cuanto a los pasos que podían dar de cara a la reinserción.
Pero, si el Gobierno vasco tuviera esta competencia, los funcionarios de las prisiones serían funcionarios vascos, y eso daría margen para que pudieran interpretar de manera menos inflexible la legislación estatal, para que aquí fuera más sencillo por la realidad política y social que logren un permiso...
-Eso facilitaría lo que ha de ser el trabajo por la reinserción de las personas privadas de libertad, sean de la caracterización que sean. El objetivo del cumplimiento de las condenas ha de ser la resocialización. Para eso, hay que trabajar también en los centros de las prisiones. El hecho de que pudiéramos contar con la gestión de los centros de prisiones facilitaría y también posibilitaría el trabajo a las Juntas de Tratamiento, y los jueces de vigilancia penitenciaria podrían trabajar de otra manera también, en función del trabajo previo que se venga desarrollando en los centros de prisiones.
Para que esto tuviera una afección más clara en los presos de ETA, primero tendrían que ser acercados. ¿Le plantea el Gobierno vasco a Sánchez que el plan de acercamiento de Jonan Fernández vaya en paralelo a la transferencia?
-En absoluto. Son dos vías diferentes: una es el cumplimiento del Estatuto, y otra es el cumplimiento de la ley penitenciaria. Se hacen interpretaciones muy interesadas sobre que un acercamiento puede suponer la salida de las cárceles o la amnistía de los presos, y nadie está planteando eso. El acercamiento no es un premio para las personas privadas de libertad, sino que es una atención necesariamente humanitaria para las familias. Eso no tiene que ver con el reconocimiento del daño injusto causado, que es absolutamente necesario para la justicia con las víctimas y para los pasos que los propios presos han de dar de cara a progresiones de grado o beneficios penitenciarios.
Tampoco aquí con la transferencia el Gobierno vasco se plantearía salidas masivas.
-Nadie está planteando eso, porque habría que seguir cumpliendo la legislación penitenciaria.
¿Pedro Sánchez es sensible al acercamiento?
-Yo creo que sí. De las conversaciones que yo he mantenido con el presidente Sánchez, puedo decir que sí es sensible a esta cuestión interpretándola debidamente, sin dejarse arrastrar por interpretaciones interesadas o por esa confusión pretendida entre transferencia y modificación de la ley penitenciaria.
