Bilbao - Es el clásico de todos los años. El Gobierno español ha pulsado el botón para elaborar los Presupuestos, y el viernes de la semana pasada convocó a las comunidades autónomas para fijar los límites de deuda y déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero, una vez más, ese movimiento se ha producido sin que conste por ahora una reunión específica y bilateral con la comunidad autónoma vasca, que debe tener un cauce de diálogo diferenciado por su singularidad foral y su autogobierno fiscal. El Concierto Económico ampara esta relación de igual a igual pero ahora, además, el presidente español, Pedro Sánchez, ha quedado más obligado si cabe a convocar la Comisión Mixta porque se comprometió por escrito en el punto número diez del pacto de investidura con el PNV. Los jeltzales dejaron claro ayer que van a hacer que Pedro Sánchez sienta su aliento en el cogote desde el primer momento de la legislatura para que cumpla el pacto: su portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, exigió que convoque “ya” ese foro y le recordó que lo contrario supondría “incumplir un punto del acuerdo”.

El Gobierno vasco comparte la sensación de urgencia. Fuentes de la consejería de Hacienda que dirige Pedro Azpiazu explicaron a DEIA que hay otros asuntos además del déficit que hacen que sea absolutamente “urgente” convocar el foro. Hablan del cierre de los cupos de 2017 y 2018, y apremian a reunir la comisión a más tardar el mes que viene. El Cupo es el dinero que paga Euskadi a Madrid por el Ejército, la Corona y distintas infraestructuras y competencias no transferidas. Los cálculos de la consejería de Azpiazu son de 1.214 millones en 2017, y 1.341 en 2018. El Gobierno vasco quiere reunirse con el español para contrastar estas cifras, ver si concuerdan con sus cálculos, y cerrar este capítulo de las liquidaciones.

los objetivos Es el segundo aviso a navegantes que lanza el PNV en la legislatura que literalmente acaba de empezar, tras haber exigido también que la Seguridad Social aparezca en el calendario de traspasos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha activado el procedimiento para elaborar los Presupuestos de 2020, cuya tramitación está en el aire por la tensa situación en Catalunya. El Gobierno español trasladó el viernes a las comunidades de régimen común unos límites de déficit del 0,2% del PIB para este año, del 0,1% para 2021, y del 0% para 2022. Estas metas son más flexibles y menos duras que las fijadas por el Gobierno español de Mariano Rajoy, quien había previsto el equilibrio presupuestario, un 0%, para este año. Los Presupuestos vascos para este año ya están aprobados y en vigor, de manera que el consejero Azpiazu había tomado como referencia el límite del 0% cerrado con el equipo de Rajoy sin conocer que se iba a producir esta actualización posterior. El consejero nunca ha acudido a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque la relación de las instituciones vascas con el Estado en materia financiera es bilateral y el foro competente es la Comisión Mixta del Concierto Económico. Por lo tanto, tampoco acudió a la reunión del viernes, así que queda pendiente la concreción del límite de déficit para las instituciones vascas después de esta flexibilización de las metas.

El debate puede parecer muy técnico, pero para el PNV encierra un gran simbolismo político porque se trata de respetar los espacios de relación de igual a igual con el Estado. Para los jeltzales es crucial que esa reunión se produzca y lo contrario sería recibido como un incumplimiento del pacto de investidura. Es cierto que el Gobierno vasco, al margen de los objetivos de déficit que se han ido fijando, se encuentra por propia iniciativa en superávit desde 2017 porque su política es tener unas cuentas saneadas, de manera que estos límites de déficit son algo completamente superado que ya cumple de manera sobrada desde hace años. Pero el consejero Azpiazu no cree que este dato se pueda esgrimir como atenuante para no convocar la Comisión Mixta, y su equipo insiste en que “el objetivo de déficit vasco se tiene que pactar en el foro bilateral”. Esa comisión, además, debe reunirse porque hay “otros temas pendientes” como la liquidación de los cupos. La situación de superávit del Gobierno vasco le permitió, por otro lado, acogerse a la disposición adicional de los Presupuestos que permite destinar el dinero a inversiones financieramente sostenibles.

pacto de investidura El acuerdo firmado por el PNV para la investidura de Sánchez no admite dobles interpretaciones. Su décimo punto dice que “el proceso de determinación de los objetivos de déficit correspondientes a la CAV y la Comunidad Foral de Navarra, así como el de los criterios de reinversión del superávit de las entidades locales, diputaciones forales y gobiernos en sus respectivos territorios se realizará con la participación y en el marco de las comisiones mixtas del Concierto y el Convenio”. Por ello, el PNV quiso dejar un recado a Sánchez y a la ministra Montero para avisarlos de que la Comisión Mixta debe reunirse “ya” con la finalidad de concretar el déficit para la comunidad autónoma, porque de lo contrario “estarían incumpliendo un punto” del pacto.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces, Esteban lanzó una advertencia que pretende que sea un toque de atención para Sánchez, necesitado de los seis votos del PNV. Los jeltzales tienen intención de contribuir a la estabilidad y no cambiarán de política por el adelanto electoral en la comunidad autónoma, pero exigen cumplir lo pactado.

El Gobierno vasco, de coalición entre el PNV y el PSE, también trabaja con el español en el asunto del calendario de transferencias y la solución a los conflictos de competencias a través del diálogo, el llamado fin de la judicialización que se recoge igualmente en el pacto de investidura con los jeltzales. Buscan un acuerdo para evitar el recurso contra dos leyes vascas y un decreto estatal; y la semana que viene la ministra Darias va a presentar un calendario de transferencias actualizado, donde el PNV exige que se encuentre la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

Por otro lado, en la sesión de control del Senado, la jeltzale María Dolores Etxano reclamó a la ministra Montero que relaje la regla de gasto para que las administraciones que cumplen los objetivos de déficit “puedan disponer de sus superávit invirtiendo en aquellas políticas que entiendan que pueden mejorar la vida de las personas, servicios públicos, inversiones sostenibles o actuaciones que generen empleo”. Etxano argumentó que en la actualidad la inversión está encorsetada a supuestos muy concretos, y solo se pueden destinar recursos a la devolución de deuda o al catálogo de inversiones financieramente sostenibles. A juicio del PNV, este criterio “disminuye la autonomía”.