bilbao - El lehendakari realizó ayer un llamamiento a los sindicatos ELA y LAB para que reconsideren su estrategia de confrontación a través de la huelga general o las manifestaciones en las calles, y reconduzcan sus exigencias hacia el cauce institucional y la mesa de diálogo social, un foro que lleva años cojo por el plantón de las dos centrales sindicales abertzales, y que en el pasado ha alumbrado avances únicamente con el concierto del Gobierno vasco, la patronal, CC.OO. y UGT. En la XXIV edición del Premio Marcelo Gangoiti, dijo que el diálogo social, con "un cauce institucionalizado" y "su marco de relación y competencias propias", es "la vía y la solución". "La puerta sigue abierta, con vocación de puente, desde el realismo y el compromiso compartido", aclaró.

La huelga liderada anteayer por los sindicatos ELA y LAB en la comunidad autónoma vasca y Nafarroa tuvo un escaso seguimiento real en la empresa privada o el sector público. El lehendakari, que se ve reforzado en sus tesis por este limitado impacto real aunque las movilizaciones en las calles tuvieran alcance, formuló ayer un emplazamiento a los sindicatos para que reconduzcan su estrategia a tenor de lo sucedido. Iñigo Urkullu no quiso hacer sangre con la limitada adhesión a los paros, y se decantó por pasar página y lanzar un mensaje a futuro superando las tensiones. En realidad, es una quimera pensar que los sindicatos abertzales van a volver a esa mesa de diálogo social, pero el lehendakari quiere que su invitación conste en acta. En cualquier caso, que Urkullu recordara que esta mesa tiene un ámbito competencial concreto vuelve a suponer una aclaración para estos sindicatos, que le plantean demandas que son competencia del Ejecutivo español: el aumento del salario mínimo hasta los 1.200 euros, pensiones de 1.080 euros al mes, y la derogación de las reformas laborales y los aspectos más lesivos de la legislación sobre las pensiones. Pero Urkullu no quiso detenerse ayer en lo que no se puede hacer, y prefirió lanzar una invitación general al diálogo social.

Los sindicatos ELA y LAB han lanzado un ultimátum de dos meses para que sus demandas sean atendidas, de manera que este asunto va a seguir coleando en las próximas semanas. Las dos centrales han querido mostrar su poder de movilización en las calles en las manifestaciones durante el día de la huelga, pero el seguimiento real del paro en las empresas fue limitado y esa imagen da aire al Gobierno vasco. Los llamamientos de los sindicatos no están contando con el acompañamiento de la sociedad vasca que, aunque comparte las demandas de la protesta, parece que no termina de ver la necesidad o la oportunidad del recurso a la huelga. Para el PNV es un pulso político a Urkullu. Se plantean exigencias que no dependen del Ejecutivo vasco y sí de un Gobierno español que, además, acaba de formarse y aun así ya está lanzando guiños en ese sentido. El Gobierno vasco no se encuentra ante un movimiento con capacidad de desbordar la acción institucional, como los chalecos amarillos en Francia. La próxima fecha marcada en rojo para los agentes sociales es la huelga feminista del 8 de marzo, pero es un movimiento muy difícil de patrimonializar y cualquier intento de politizarlo, en caso de producirse, estaría abocado al fracaso. En este contexto, el Gobierno vasco no está dando señales de que lo sucedido influya en la fecha de las elecciones autonómicas, que podrían ser perfectamente en octubre.

Urkullu, que ya de por sí es poco amigo de que la acción institucional se deje llevar por la presión de otros movimientos en la calle en debates como el autogobierno, reiteró su apuesta por el cauce institucional. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, aseguró que los convocantes y Bildu deberían reflexionar sobre "qué aportó" la protesta "al tejido económico y social". Aseguró que no ve "suficientes motivos" y que "tampoco la sociedad ha respondido de forma masiva". Pidió reflexionar sobre los daños "causados por algunos piquetes en teoría informativos". ELA y LAB congregaron a miles de ciudadanos en las manifestaciones, pero el seguimiento en las empresas fue escaso. El caso paradigmático es Araba, donde la patronal habló de un 6% y no cerraron las principales empresas, como Mercedes en ese territorio, o Petronor en Bizkaia. En Gipuzkoa se notó más la huelga en CAF o Irizar.