BILBAO - La Junta de Andalucía no podrá captar financiación en los mercados en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto en el ejercicio de 2018, cuando estaba en manos de la socialista Susana Díaz. Así se lo comunicó el Ministerio de Hacienda, dirigido en la actualidad por María Jesús Montero, que ese año era la responsable de Cuentas del Ejecutivo andaluz, abocando a esta comunidad a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica y a acometer ajustes, algo que la derecha, que hoy en día comanda la Junta, reprochó ayer a Pedro Sánchez por establecer un 155 económico. En la actualidad, solo Catalunya es sometida a una vigilancia y un control adicional por parte de Madrid.
Sin embargo, desde Hacienda se negó un trato “arbitrario” o “discrecional” con Andalucía remarcando que no existe “ningún tipo de intervención”, sino que es el “incumplimiento de las reglas fiscales” y la defensa de la sostenibilidad financiera del conjunto del Estado lo que impide que Andalucía pueda acudir a los mercados financieros. “A todas las comunidades autónomas se les exigen los mismos requisitos y tienen que presentar los planes de ajuste si incumplen las reglas fiscales”, aseguraron desde el Ministerio, precisando que en 2017, último ejercicio completo en el que Montero fue consejera de Hacienda de la Junta, la comunidad “no rebasó el límite de déficit ni el de deuda pública”.
Montero dejó el Gobierno andaluz a raíz de la moción de censura del 1 de junio de 2018 que hizo presidente del Gobierno español a Sánchez. Hasta entonces, según las fuentes de Hacienda, Andalucía tenía un déficit provisional del 0,37%, por debajo del objetivo fijado para ese año. La desviación del déficit en 2018 se debería, por tanto, a que a lo largo de 2019 -ya con un Gobierno del PP- “se declararon gastos sobrevenidos imputados a 2018”, lo que hizo que el déficit definitivo del año pasado fuera del 0,51%, por encima del objetivo del 0,4%. Según Hacienda, el informe del pasado mes de noviembre apuntaba que Andalucía incumplió en 2018 los tres requisitos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. Y por ello, subrayan, se ha hecho lo que fija la norma, que es no autorizar nuevas emisiones de deuda pública, y pedir a Andalucía que presente un plan de ajuste como se exige al resto de comunidades en esta situación.
Los principales dirigentes de la Junta que gobiernan actualmente el PP y Ciudadanos, con apoyo externo de Vox, salieron en tromba a criticar lo que consideran “una intervención” por parte del Gobierno de Sánchez que “supondrá un importante recorte en los gastos sociales”, aunque descartaron ajustes en educación, sanidad o dependencia, o revertir las rebajas fiscales que vienen aplicando. El Ejecutivo andaluz acusó a Sánchez y Montero de tomar una medida “absolutamente discrecional y de carácter político”, pues entiende que la Ley de Estabilidad Financiera no le obliga a adoptar semejante iniciativa. Fuentes de la Junta se quejaron de que “se da la paradoja” de que el Gobierno español utiliza como argumento para imponer un plan de recortes y bloquear la salida al mercado “el desequilibrio en las Cuentas de 2018, las últimas aprobadas por María Jesús Montero”, en su etapa como consejera andaluza de Hacienda, y “ejecutadas al 100% por el anterior gobierno del PSOE”. El Gobierno andaluz se quejó de que la comunicación de esta decisión se le encargó a un funcionario de segundo rango y se realizó en una carta de folio y medio.
Petición de comparecencia
El presidente del PP, Pablo Casado, anunció que pedirán la comparecencia en el Congreso de la ministra Montero y subrayó que si tuviera “un mínimo de coherencia” el Ejecutivo socialista tendría que tomar la misma medida con la Comunidad Valenciana y otros feudos bajo su poder. Para Casado, el Gobierno incurre en “otra gran contradicción porque la consejera Montero se ve enmendada por la ministra Montero”. “Esto parece una broma de Gila”, abundó el líder popular. Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, tachó de “absurda” la intervención que demuestra “lo mal que funciona el sistema autonómico”. “Empieza a ser a costumbre en el PSOE la disociación de personas que, siendo solo una, son dos”, dijo. Además, para la portavoz de C’s, Inés Arrimadas, “es demencial y sectario que el gobierno en funciones de Sánchez ataque a un gobierno que funciona y es vergonzoso que intente intervenir un déficit que cometió el propio PSOE cuando gobernaba”. Su compañero, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, acusó a Sánchez de “imponernos el 155 que no aplica a Cataluña para que paguemos sus negociaciones con ERC”.
Por contra, para el anterior consejero de Hacienda de la Junta, el socialista Ramírez de Arellano, la carta plantea “una cuestión técnica” que no implica ni la “intervención” de la comunidad, ni obliga a esta a hacer “recortes”, como dicen PP y Ciudadanos. “Eso son excusas absurdas”, zanjó.
