TRAS un año de juicio y otro de deliberaciones, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Araba hará pública el próximo martes la sentencia del caso De Miguel, que con sus 26 acusados se erige en el mayor proceso por presunta corrupción que ha tenido lugar en Euskadi, lo que obligó a habilitar una sala especial en los juzgados de Gasteiz durante su celebración. La Sala ha llamado por ello a acudir al Palacio de Justicia alavés a abogados, procuradores y acusados para recoger el USB con los alrededor de 1.000 folios del fallo. El juicio quedó visto para sentencia el 19 de diciembre de 2018.
Al líder de la presunta trama, el diputado foral de Administración Local cuando sucedieron los hechos Alfredo de Miguel, se le acusa de crear la sociedad Kataia Consulting junto con sus socios Aitor Telleria y Koldo Otxandiano para ocultar el cobro de comisiones ilegales. Durante el juicio rechazaron haber cometido cualquier tipo de delito, aunque llegaron a negociar con la Fiscalía para tratar de librar de la cárcel a sus mujeres, también procesadas, a cambio de su confesión.
Los tres principales acusados fueron dirigentes del PNV alavés, pero tanto en la investigación judicial como en la vista oral este partido quedó al margen de sus presuntos tejemanejes a través de su participación en adjudicaciones de administraciones y empresas públicas, que se circunscriben a su actuación particular. De Miguel, Telleria y Otxandiano dimitieron de sus cargos tras ser detenidos por corrupción mientras el entonces diputado general, Xabier Agirre, exigía “tolerancia cero” contra la corrupción. Entregaron a su vez sus carnés de afiliados después de un requerimiento explícito del lehendakari Iñigo Urkullu para evitar daños al partido.
La Fiscalía, representada por el fiscal jefe de Araba Josu Izaguirre, que se ha erigido en el principal impulsor de este proceso judicial, solicitó al final del juicio un total de 29 años y 9 meses de cárcel para Alfredo de Miguel por una veintena de delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho pasivo, coacciones, malversación y tráfico de influencias. Respecto a Otxandiano y Telleria, reclamó 13 años y 7 meses de prisión para ambos. Las peticiones de cárcel fueron rebajadas, ya que en un principio la Fiscalía pidió para De Miguel 54 años y 11 meses de cárcel, y para sus dos exsocios 32 años y 2 meses.
Izaguirre los acusó de reclamar dinero, en colaboración con sus esposas, a dos empresarios catalanes que querían urbanizar en Zambrana, y que confesaron el trato; de percibir ingresos del Gobierno vasco por trabajos falsos; o de extorsionar a la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi para exigirle el pago de una comisión de 100.000 euros por intermediar para lograr un contrato en el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Araba.
Alberdi fue de hecho quien grabó conversaciones con los principales acusados y guardó los correos en los que fundamentó su denuncia inicial y que se presentaron en el juicio como pruebas. Las defensas trataron de anular dichas pruebas, de desacreditar la labor de la Er-tzaintza durante la instrucción y de desmontar el testimonio de Alberdi, que ratificó su declaración en la vista oral, al tiempo que denunció haber sido condenada al ostracismo profesional tras negarse a pagar la comisión. El último día del juicio, De Miguel negó los delitos que se le imputan y consideró demostrado que no se benefició de ningún enriquecimiento ilícito, por lo que su defensa reclama su absolución. Izaguirre alcanzó en cambio un acuerdo de conformidad con nueve acusados que admitieron “una trama organizada criminal”.
Comisión de investigación El fiscal jefe alavés denunció en marzo de 2010 ante el juzgado a ocho personas, incluidos Alfredo de Miguel, Aitor Telleria y Koldo Otxandiano. La Ertzaintza, por orden del juez Roberto Ramos, arrestó a los tres, a sus respectivas esposas, a Alfonso Arriola y a Jon Iñaki Echaburu. Se registraron varias viviendas y los detenidos prestaron declaración para quedar en libertad con diversos cargos de corrupción.
Mientras el proceso judicial seguía su curso -lo que incluyó la celebración, a partir del 11 de marzo de 2013, del juicio por el caso Telleria, sobreseído poco después por falta de pruebas-, el Parlamento Vasco constituyó en octubre de 2010 una comisión de investigación en torno al caso De Miguel conjunta con el caso Telleria y el caso Zubiaurre. Alfredo de Miguel compareció en la misma en abril del año siguiente, aunque se limitó a leer un escrito y no admitió preguntas de los grupos.
En junio de 2015, el juez Ramos abandonó el juzgado de Instrucción 4 de Gasteiz tras completar el caso De Miguel. Ya en 2016, el fiscal Izaguirre hizo pública la petición de condenas para los imputados, que en el caso de De Miguel era ejemplarizante, y el juicio arrancó el 8 de enero de 2018 con las sesiones dedicadas a las cuestiones previas.
