DONOSTIA. Los representantes de esta organización Agus Hernan y Teresa Toda han presentado este sábado en San Sebastián un informe que recoge datos de la situación actual de los reclusos de ETA adscritos al colectivo EPPK y de la que existía en junio de 2018.

Toman como referencia a los presos EPPK por ser con los que el Foro Social mantiene "interlocución de trabajo" y los que "han expresado su disponibilidad a recorrer el camino de la legalidad penitenciaria", ya que otros "o bien rechazan este camino o bien lo están desarrollando de manera individual".

Según las cifras que han facilitado, en las cárceles españolas y francesas hay actualmente 246 reclusos de eso colectivo, 34 menos que en junio de 2018, de los cuales 128 se encuentran en primer grado y 31 de ellos "en régimen cerrado severo, similar al aislamiento".

En estos dieciocho meses se han registrado además 27 acercamientos de etarras a cárceles vascas o próximas a Euskadi.

Hernan ha dicho que cuando Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno interpretaron que se abría una "ventana de oportunidad" para la resolución de la "problemática" de los presos, pero que se han dado "ritmos excesivamente prudentes" que responden a "realidades y estrategias del pasado".

"Entendiendo la fragilidad del Gobierno en España y sus dificultades, también creíamos que se podrían haber dado pasos más decididos en las primeras tres cuestiones de la agenda de resolución del Foro Social Permanente", ha señalado Hernan, en alusión a los presos con enfermedades graves, a la dispersión y a la evolución de los grados.

Ha recalcado que el Foro Social, fiel a su "filosofía de poner en valor siempre los avances", cree que en este tiempo se ha consolidado "el extenso consenso institucional, político, sindical y social existente" en Euskadi sobre esta cuestión.

"Ese consenso tiene aún hoy más valor porque se basa en dos cuestiones fundamentales que entonces no se daban. Si hace un año las razones que unían a los actores eran de tipo humanitario, a día de hoy todos los agentes coinciden en que, junto a otras medidas, resolver en un plazo razonable la problemática de las personas presas, aplicando exclusivamente una legislación ordinaria y una política penitenciaria normalizada, sería una importante aportación a la construcción de una convivencia democrática", ha afirmado.

Ha añadido que, además de una "mayoría institucional aquí" y una "mayoría política en el Congreso de los Diputados" confluyen en este momento "la generosidad de las propias víctimas" y la "voluntad decidida" de los presos del EPPK "para dar los pasos necesarios dentro de la legalidad penitenciaria, incluyendo el reconocimiento del daño causado".

"Poco a poco se están construyendo las condiciones para, en un plazo razonable y siempre que se haga de manera decidida y constante, dar una solución definitiva a esta cuestión", ha subrayado.