BILBAO - Los políticos independentistas encarcelados buscan empleo para salir unas horas de la prisión, a la espera de que Instituciones Penitenciarias decida la próxima semana si los clasifica en segundo o tercer grado. El Tribunal Supremo condenó a los líderes del proceso soberanista a inhabilitación absoluta, por lo que no pueden trabajar en el sector público, de tal forma que Oriol Junqueras no podrá volver a su plaza de profesor en la Universitat Autònoma (UAB) ni Jordi Sànchez a su empleo de adjunto del Síndic. De esta manera, la única posibilidad a su alcance es el sector privado, ejercer un voluntariado o dedicarse a atender a familiares de edad avanzada. El reglamento penitenciario posibilita que los reclusos tengan un empleo para facilitar su reinserción y los políticos independentistas están dispuestos a ejercer ese derecho, según desveló ayer TV-3. El segundo grado, el que ostenta la mayoría de internos, flexibiliza la vida en la cárcel y permite que los presos salgan unas horas para ir a trabajar, a diferencia del tercer grado, por el que solo acuden a la prisión a dormir.

En este contexto, algunos medios apuntan a que Junqueras podría estar presente en el Congreso de cara a la investidura de Pedro Sánchez en base a ese régimen de semilibertad que se aplica de forma automática. La Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners es quien realiza esa primera clasificación, para la cual tiene en cuenta, entre otros aspectos, las circunstancias personales del interno y la duración de la pena. En última instancia, dependerá también del Serveis Penitenciaris, dependiente del Departamento de Justicia de la Generalitat. La vía más probable para que puedan salir de prisión es la clasificación en segundo grado pero con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, un precepto que establece que “el equipo técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados -segundo y tercero-, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que, de otra forma, no pueda ser ejecutado”.

Esta normativa es la que se aplicó a Oriol Pujol, por lo que próximamente podrían salir a diario de prisión y regresar solo para pernoctar, además de tener permisos los fines de semana. De ser así, esta opción sería recurrible ante el juez de vigilancia penitenciaria dependiente de cada prisión y, en apelación, ante la audiencia provincial correspondiente, pero el recurso no tendría efectos suspensivos, por lo que permanecerían en esa situación hasta la resolución del mismo. Si se les clasifica en tercer grado, el recurso estaría en manos del Tribunal Supremo, que fue quien les condenó y quien en la sentencia por el 1-O, donde se rechazó la petición de la Fiscalía de que no pudiesen acceder al régimen abierto hasta haber cumplido la mitad de la pena, ya señalaba que resolvería los hipotéticos recursos contra las clasificaciones en grado. Su dictamen sí que sería firme. El Ministerio Público tiene claro que recurriría cualquier “abuso”.

Para la concesión directa del tercer grado, sin necesidad de que se cumpla la cuarta parte de la condena, se valoran circunstancias como el hecho de que se trate del primer delito y no existan antecedentes, el riesgo de reincidencia o la existencia de un entorno familiar y laboral estable y adecuado. Como la ley indica que los presos podrán acceder a permisos penitenciarios cuando cumplan una cuarta parte de la condena, y en el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los condenados con penas menos graves, esto sucederá el 14 de enero.