BILBAO. El consenso de los juristas en torno al nuevo estatus de autogobierno tuvo ayer dos desmarques cristalinos y, por lo visto y oído en la cita de ayer, imposibles de reconducir. Su última reunión no sirvió para superar la brecha ni las posiciones más maximalistas. El experto designado por EH Bildu, Iñigo Urrutia, defendió su propio texto frente a la propuesta del PNV, Elkarrekin Podemos y PSE, que cree que rebaja la carga soberanista de las bases acordadas entre los jeltzales y la izquierda abertzale. Ve “frustrante” lo sucedido. El jurista designado por el PP, Jaime Ignacio del Burgo, por su parte, cree que los textos son inconstitucionales. Los populares piden directamente la retirada y el archivo de todos.
Los juristas pasan ahora el testigo del debate a los partidos. La Mesa del Parlamento Vasco va a recibir hoy la propuesta, y el miércoles de la semana que viene se volverá a reunir la Ponencia de Autogobierno, donde no parece muy realista que los partidos vayan a perfilar ya un calendario para la reforma. El debate está muy verde y, como mínimo, hay tres incógnitas que condicionan los próximos pasos.
Por un lado, se está especulando con que alguno de los grupos convoque a los juristas otra vez para que expliquen en la ponencia el alcance de sus propuestas y qué han querido decir con ellas. Este movimiento alargaría los plazos. Por otro lado, se desconoce qué partidos van a firmar la propuesta de los juristas del PNV, Elkarrekin Podemos y PSE para que se tramite como proposición de ley. Este periódico ya informó de que los socialistas no la van a firmar porque incluye el derecho a decidir. Si Elkarrekin Podemos tampoco lo hiciera y dejara a los jeltzales en solitario, habría que preguntarse qué va a pasar con los votos discrepantes y si el PNV se limitaría a registrar el corpus de la propuesta de Legarda.
Por último, parece asumido que EH Bildu va a registrar su propuesta con la intención de que se tenga que votar su tramitación como proposición de ley y con el objetivo de presionar al PNV. No obstante, sería una maniobra sin recorrido porque el resto de partidos podrían tumbar el texto con el argumento de que ya se estaría tramitando otro con mayor consenso, aunque la coalición abertzale podría utilizar ese episodio contra el PNV.
Todas estas variables y la complejidad del debate van a provocar que sea imposible llegar a un acuerdo antes de las elecciones autonómicas, que podrían tener lugar en marzo si el lehendakari no apura hasta otoño de 2020. La próxima legislatura se retomaría un debate muy complicado en un clima más reposado y sin elecciones de por medio. Una vez aprobado el texto, tendría que pasar por el Congreso de los Diputados, de ahí el empeño del PNV en ampliar el consenso para que puedan estar los socialistas y Podemos. Queda la incógnita de si habrá consulta a los vascos antes de ir a Madrid.
Propuesta de Bildu
Urrutia presentó ayer un argumentario donde asegura que en la propuesta del resto se ha aparcado el Concierto Político que proponía el PNV, y plantea recuperar la idea del pase foral para no aplicar en el Estado las normas españolas en el supuesto de que no haya acuerdo con Euskadi. Tampoco ve suficiente que la nacionalidad vasca se refleje en el primer artículo como “identidad nacional” colectiva de los vascos que se constituyen en comunidad autónoma. Su principal discrepancia radica, en cualquier caso, en el derecho a decidir, que él invoca como una potestad de la comunidad autónoma para convocar referendos y consultas sobre asuntos de su competencia, pero también sobre la relación con el Estado. Legarda, el experto del PNV, sí recoge de manera expresa y directa el “derecho a decidir” en el estatus, pero añade que se debe ejercer de manera pactada con el Estado. También la experta de Elkarrekin Podemos, Arantxa Elizondo, pide que se ejerza de manera pactada y añade que sea “legal”, además de que, en su caso, no lo llama derecho a decidir como tal, sino “derecho a expresar”. Basaguren lo rechaza.
Del Burgo, por parte del PP, dijo que el texto pactado por los tres expertos exhibe una “concepción radicalmente inconstitucional” y que, en el caso de seguir adelante, sería “el comienzo de un grave conflicto” con el Estado. A su juicio, “no hay nación vasca que pueda reivindicar el derecho de autodeterminación”, y no existe ninguna situación colonial que lo justifique. Del Burgo ha elaborado un documento, pero no se va a presentar para el debate entre partidos porque el PP no tiene intención de participar en esta discusión ni quiere ampliar el autogobierno. Del Burgo añade que no puede defenderse con rigor jurídico que Bizkaia, Gipuzkoa y Araba son una nación.
