bilbao - El borrador de la Ley de Memoria Histórica que presentó ayer el lehendakari en el Consejo de Gobierno incorpora un régimen de sanciones que podrá multar actuaciones muy controvertidas socialmente: las manifestaciones o exhibiciones por parte de representantes públicos y funcionarios de la administración de la comunidad autónoma que enaltezcan o hagan apología del golpe militar de 1936 y de la dictadura. Esa actitud sería considerada como una infracción grave, y podría ser sancionada con una multa de entre 2.001 y 10.000 euros. Aunque se escape de la jurisdicción de esta ley, recientemente ha sido noticia la jornada de homenaje a un requeté muerto en la que participaron dos cargos de UPN de la máxima confianza de Javier Esparza.

La ley prevé considerar como infracción muy grave la realización de excavaciones sin autorización previa o la destrucción de fosas de víctimas incluidas en los mapas de localización. Podrían ser sancionadas con multas económicas de 10.001 a 150.000 euros. En el caso de que no haya multa económica, se prevén sanciones alternativas como la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas en materia de memoria histórica por un periodo máximo de dos, tres o cinco años en caso de infracciones leves, graves o muy graves, y el reintegro total o parcial de la subvención en materia de memoria histórica concedida. Se impondrán las sanciones siguiendo el criterio de “proporcionalidad”.

Se recogen como infracciones graves el incumplimiento de comunicar el hallazgo casual de restos humanos, el traslado de cuerpos sin autorización, la realización de obras en un lugar de la memoria sin permiso, el incumplimiento de la retirada de simbología franquista, emitir expresiones ofensivas para las víctimas en cualquier medio de comunicación o en intervenciones públicas, las manifestaciones de enaltecimiento del franquismo cuando no lleguen a ser delitos de incitación al odio, la apología del golpe militar y de la dictadura por parte de representantes públicos, los homenajes a la dictadura y sus dirigentes, y promover distinciones para personas o entidades que sustentaran el régimen. Llevarían aparejada una sanción de entre 2.001 y 10.000 euros.

Las infracciones leves llegarían por el incumplimiento de la obligación de permitir la visita pública a los lugares de la memoria, y los daños contra espacios o mobiliario de los lugares de la memoria. En ese caso, la multa oscilaría entre los 200 y los 2.000 euros. - M. Vázquez