bilbao - Los ciudadanos que quieran pedir una reparación por abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999 podrán llamar a la puerta de la administración vasca a partir de septiembre. La ley fue aprobada en abril en el Parlamento Vasco y, desde entonces, la Secretaría de Convivencia de Jonan Fernández ha trabajado en los preparativos y las actuaciones complementarias que son necesarias para poner en marcha todo el proceso. Está redactando los pliegos informativos con los que quiere anunciar la apertura del plazo de solicitudes en los medios de comunicación, y también ultima el decreto para activar todo este proceso y regular el funcionamiento de la comisión de expertos que tendrá que analizar la validez de los testimonios. Aunque la intención inicial era adelantar el proceso al pasado mes de junio, el Gobierno vasco se ha topado con los plazos administrativos y la burocracia y, en lugar de forzar la máquina, se ha decantado por la seguridad jurídica y llevará al mes de septiembre la aprobación del decreto y la apertura del plazo para que las víctimas presenten solicitudes, tal y como adelantan a DEIA.
El Gobierno vasco ha vuelto a primar la seguridad jurídica en un asunto estratégico y muy delicado donde no quiere dar pasos en falso que generen frustración a estas víctimas, que llevan décadas esperando que se ponga fin al olvido institucional, y que ya tuvieron un primer sobresalto con el recurso que presentó el expresidente español Mariano Rajoy. El conflicto en el Tribunal Constitucional quedó desactivado tras el pacto con Pedro Sánchez para introducir algunos matices en la ley de 2016. El Ejecutivo vasco también ha primado la apuesta por desarrollar una campaña informativa en condiciones, en lugar de abrir ahora mismo un plazo de solicitudes que hubiera pasado inadvertido con buena parte de los vascos haciendo las maletas o pensando en las vacaciones de agosto.
un decreto técnico La Secretaría de Convivencia trabaja en un decreto sencillo y técnico, sin componentes políticos que pudieran amenazar judicialmente este proceso. El decreto cubrirá dos frentes. Por un lado, informará a los interesados sobre los plazos para pedir el reconocimiento y la hipotética indemnización a la que pudieran tener derecho, y ofrecerá detalles sobre las instancias que se deben rellenar. Por otro lado, regulará el proceder de la comisión de expertos, pero en una clave muy técnica. Todo lo que se debe decir sobre esta comisión lo dice ya en esencia la ley: no tiene vocación de suplantar a los jueces ni de señalar culpables o emular un procedimiento penal, sino que se centrará en ofrecer reparación a las víctimas con un proceso administrativo. Además, se respetará la protección de datos de las fuerzas de seguridad, lo que contrarresta las acusaciones de determinados sindicatos policiales, que aducen un daño irreparable e indiscriminado a su reputación.
El Gobierno vasco aprobará en septiembre el decreto y abrirá el plazo para que los interesados presenten solicitudes y pidan reparación. Los testimonios los analizará una comisión en la que participan el prestigioso forense Paco Etxeberria y una nómina de expertos en derecho, psicología y medicina legal. Son un total de diez personas encabezadas por la directora de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Monika Hernando. Tres de los titulares los nombró el Parlamento Vasco.
Con el proceso que arranque en septiembre, quedará completo el listado oficial de víctimas de abusos policiales hasta el año 1999. No existen cifras cerradas en este terreno. Sí hay informes que ha presentado el propio Gobierno vasco con la ayuda del forense Etxeberria y del Instituto Vasco de Criminología. Su trabajo es difícil de cuestionar para el PP, aunque discrepa de las cifras y sigue enrocándose en que hace falta una sentencia para acreditar un abuso. El informe del forense habla de unos 4.000 casos entre 1960 y 2014.
Este proceso de reparación comenzó con carácter oficial con el decreto aprobado por el lehendakari socialista Patxi López, que cubrió los casos registrados entre 1960 y 1978, en plena dictadura y en la Transición. Fueron reconocidas 187 víctimas, muchas de las cuales perdieron la vida por encontrarse en el lugar y el momento equivocados. Simplemente pasaban por ahí. En los últimos años se ha trabajado para dar el salto a la reparación de los abusos en la etapa democrática, un asunto que levanta mayores ampollas en determinados sectores políticos y policiales.
Con el procedimiento a la vuelta de la esquina, el Ejecutivo no quiere aventurarse a dar ninguna cifra estimada sobre el número de víctimas que podrían ser reconocidas. Además, en esta ley no se prevé solo un reconocimiento institucional, sino una compensación económica para determinados casos donde se hayan producido daños permanentes. En un primer momento se habló de que las víctimas indemnizadas podrían situarse en una horquilla de entre 300 y 450, como los familiares de Lasa y Zabala, torturados y asesinados por los GAL; y Gladys del Estal, fallecida en una protesta antinuclear.
sin la amenaza judicial Aunque el PP tuvo el gesto de apoyar hace unos días la celebración de la jornada internacional de las víctimas de la tortura en el Parlamento Vasco, se sigue oponiendo a mecanismos como esta ley con el argumento de que solo una sentencia puede reconocer que existió un abuso. La ley, a pesar de las maniobras de determinados partidos a nivel estatal y de algunos sindicatos policiales, solo estaría en peligro con un recurso del Gobierno español ante el Tribunal Constitucional.
Ese sería el único escenario en que la ley quedaría suspendida de manera automática mientras se estudia el fondo del asunto. En el resto de casos, hasta que llegue una sentencia, pueden pasar años y el proceso de reparación puede haber culminado. La amenaza de recurso por parte del Gobierno español no existe porque el contenido actual de la ley está pactado con Pedro Sánchez, quien resultará previsiblemente reelegido como presidente español al no existir otras mayorías.
